Las protestas masivas en Bielorrusia contra la dictadura de Alexandr Lukashenko continuaron este domingo en todo el país, dejando un saldo de al menos 442 personas detenidas por las fuerzas del régimen.
En Minsk, la «marcha de la justicia» congregó solo en la capital bielorrusa a unas 50.000 personas, de acuerdo con los cálculos de medios locales, una cifra que sería inferior a la de domingos anteriores.
Según el Ministerio Interior fueron más de 20.000 los manifestantes que salieron a las calles en 24 protestas no autorizadas en todo el país para exigir de nuevo la renuncia de Lukashenko y denunciar la violencia policial en las marchas pacíficas.
Manifestaciones de diversa magnitud tuvieron lugar el domingo en Grodno, Moguiliov, Gomel, Brest y otras ciudades bielorrusas. En Brest, la policía efectuó un disparo al aire y empleó gas lacrimógeno para disolver a los manifestantes.
A los 442 detenciones el domingo hay que sumar los 430 arrestos practicados el día anterior en una marcha de mujeres, por lo que durante el fin de semana las fuerzas de seguridad bielorrusas detuvieron a 872 ciudadanos.
El número de detenciones, a menudo efectuadas con un uso excesivo de la fuerza y entre denuncias de torturas, según testigos y ONG de derechos humanos, es cada vez mayor en las protestas pacíficas contra el presidente del país, que han entrado en la séptima semana y que estallaron tras las elecciones del pasado 9 de agosto.
En los primeros tres días de protestas fueron detenidas unas 6.000 personas, tras lo cual bajaron los arrestos, que sin embargo han vuelto a aumentar en las últimas semanas hasta sumar más de 10.000 en total desde los comicios presidenciales.
La violencia policial ha dejado seis muertos, según la oposición, y centenares de heridos.
La ola de protestas en la antigua república soviética estalló después de los comicios, en los que la Comisión Electoral atribuyó a Lukashenko, en el poder desde hace 26 años, un 80,1 % de los votos y a su rival y líder opositora Svetlana Tijanóvskaya solo el 10 %.
El resultado es rechazado por fraudulento por la oposición y no es reconocido por los países de la Unión Europea (UE) y otros Estados occidentales.
EFE
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