La libertad de información y de expresión continúa siendo atemorizada por el régimen en Nicaragua y su comitiva. Los medios de comunicación nicaragüenses que son críticos con Daniel Ortega decidieron quitar la firma de sus redactores en los artículos periodísticos como una medida de protección.
Según un informe divulgado este martes, se advirtió que al menos 11 periodistas han abandonado el país por razones de seguridad, ya que recibían asedio y amenazas por parte de “fanáticos” del régimen, o bien del Ministerio Público, por lo que se vieron “forzados” de exiliarse “para resguardar su vida y continuar su trabajo periodístico”.
“Ante la escalada de agresiones y amenazas a la prensa independiente, a partir del mes de julio, medios de comunicación como La Prensa, Confidencial y otros medios digitales, han decidido suprimir la firma de los redactores de los artículos periodísticos”, señaló La Prensa, el periódico más antiguo del país, en un informe de monitoreo y seguimiento a casos de violaciones a la libertad de prensa.
Según el informe, el Ministerio Público continuó citando a periodistas y directores de medios para cuestionarlos sobre sus supuestos vínculos con la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que es investigada por supuesto lavado de dinero, “y para recordarles el alcance de la Ley de Ciberdelitos”.
En el informe, el diario registró 23 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua en julio, con 20 víctimas, y sostuvo que “la práctica periodística en Nicaragua se ha convertido en una profesión de alto riesgo”.
“Nuevamente alertamos que persiste la preocupación de caer en un apagón informativo, lo cual agravaría la ya difícil situación de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”, indicó.
Por su parte La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha advertido a los periodistas que no deben estar publicando “noticias falsas” sobre temas de salud, con información de “falsos médicos y con falsos pronósticos”, lo cual está penado en la Ley Especial de Ciberdelitos, que establece penas de 1 a 10 años de cárcel.
El pasado 25 de mayo, la vicepresidenta también cargó contra los periodistas, a los que acusó de “inventar cualquier cosa para sembrar el terror”, los tildó de “malignos”, “hipócritas”, “destructores”, “criminales”, “terroristas de la comunicación”, y agradeció a Dios que van “quedando en unos cuantos miserables”.
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