Las mujeres fueron clave en la revuelta popular que acabó en abril de 2019 con tres décadas de dictadura de Omar Hasán al Bashir en Sudán. El Gobierno de transición resultante puso en marcha una serie de medidas para mejorar la situación de las mujeres sudanesas, a la cola en los índices internacionales, aunque con el golpe de Estado dado a principios de esta semana, todos los avances están en riesgo.
“Todo el desarrollo se perderá bajo la actual situación política”, lamenta la directora de la Unidad contra la Violencia de Género en el Gobierno de Transición sudanés, Sulaima Ishaq al Jalifa, que confirma que, en el contexto de las manifestaciones que se suceden tras la asonada, las mujeres y las jóvenes “ya están siendo golpeadas en las calles por protestar y rechazar el golpe militar o simplemente por caminar por las calles”. “Vehículos militares vagan para inducir terror”, agrega.
Al Jalifa habla con Europa Press sobre la situación de las mujeres sudanesas durante el régimen de Al Bashir, aunque recalca que el país africano aún figura en las listas de naciones que no son “seguras” para las mujeres “si hablamos bajo estándares internacionales”. “Sudán, en las últimas tres décadas de dictadura, ha ocupado los peores puestos de las listas negras de países que no están comprometidos con la protección de mujeres y niños”, indica.
Menciona, además, “leyes y procedimientos adoptados (en la época de Al Bashir)” para “realmente violar” los derechos de las mujeres y “cometer verdaderos daños contra su bienestar y dignidad”. “Sin olvidar también el uso de la violación como arma de guerra durante el conflicto de Darfur”, apunta.
En la revuelta popular que terminó con el derrocamiento de Al Bashir, las fuerzas de seguridad sudanesas ejercieron violencia sobre la población, pero se focalizó, sobre todo, contra las mujeres. Estas suelen ser blanco de violencia, más en épocas de crisis, pero en esta ocasión, además, se daba la circunstancia de que eran mayoría en número en las manifestaciones.
“Durante el levantamiento de Sudán, todos los sudaneses fueron objeto de violencia despiadada, especialmente orientada contra los jóvenes de ambos sexos y contra las mujeres en particular, en un contexto en el que las mujeres y las jóvenes representaban la mayoría de la presencia durante las protestas”, explica Al Jalifa.
Alude a la masacre del 3 de junio de 2019, cuando las fuerzas del Consejo Militar Transitorio utilizaron armas de fuego y gases lacrimógenos para dispersar una sentada en Jartum, matando a más de un centenar de personas. “Nos sentamos enfrente del cuartel militar en Jartum para exigir un gobierno civil y que se cumplieran el resto de las demandas”, precisa Al Jalifa, antes de señalar que, “sobrevivió a la masacre”.
Tras ello, se dedicó a proporcionar “apoyo” a las mujeres y jóvenes que habían sufrido violencia sexual durante la masacre, algo que ella considera “una fea repetición” del sino de las mujeres que osan levantar sus voces. “Usar sus cuerpos para traumatizar la revolución”, lamenta.
La violencia sexual en estos contextos merece mención aparte, aunque Al Jalifa no puede precisar si están teniendo lugar en las protestas contra el golpe del lunes. “Hay rumores de violencia sexual contra las mujeres que protestan, pero hasta el momento no podemos saber la realidad y si pasa”, explica.
LA ERA POST-AL BASHIR
El Gobierno de transición de Sudán, ahora depuesto, llevó a cabo medidas para mejorar la situación de las mujeres en el país africano, algunas de ellas realmente significativas.
Entre otras medidas, este Ejecutivo estableció una cuota del 40 por ciento de mujeres en el Consejo Legislativo de Transición, ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y aprobó la ley que ratifica la criminalización de la mutilación genital femenina, muy extendida en el país árabe. El primer ministro, Abdalá Hamdok, por su parte, ha señalado en ocasiones que la participación de las mujeres ha de ser una prioridad en Sudán.
Al Jalifa, de visita en Madrid en el marco del Programa Raisa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), reconoce todos los avances conseguidos y admite que, por lo menos, durante el Gobierno de transición había un “compromiso” político y estatal para con este campo. “La cuota del 40 por ciento no es la justicia que buscamos pero es un gran paso que ayudará a la promoción de la igualdad”, argumenta.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
