La corte de apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia ha fallado este jueves en contra de la insistencia de Donald Trump de bloquear la entrega de documentos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero al Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga aquellos hechos, y ha dictaminado que el Congreso tiene una «necesidad legislativa única» de estudiar esos documentos «directamente relevantes para la investigación».
El Comité Selecto de la Cámara de Representantes solicitó los documentos en el marco de su pesquisa sobre el ataque contra el Capitolio y la transición pacífica del poder después de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, pero Trump argumentó que las solicitudes del Congreso exceden su poder constitucional, ya que algunos de los registros requeridos están protegidos por el privilegio ejecutivo, que es el derecho del jefe de Estado y otros funcionarios del Poder Ejecutivo a la confidencialidad de sus conversaciones.
El actual mandatario Joe Biden dio el visto bueno a la iniciativa del Congreso, asegurando que no invocaría el privilegio ejecutivo sobre los documentos para proteger esa información por considerar que no estaba «entre los mejores intereses de Estados Unidos», según notificaron en octubre desde la Casa Blanca.
«Una disputa entre un expresidente y un presidente en ejercicio»
El fallo judicial de este jueves llega en respuesta a la apelación presentada por Trump luego de que la jueza del distrito de Columbia Tanya Chutkan rechazara su solicitud de bloquear la entrega de los documentos a principios de noviembre.
Chutkan opinó que «en el fondo, se trata de una disputa entre un expresidente y un presidente en ejercicio, y la Corte Suprema ya ha dejado claro que en tales circunstancias se concede mayor peso a la opinión del titular».
«Este principio se basa en ‘el hecho de que el privilegio se considera inherente a la institución de la presidencia, y no al presidente personalmente'», explicó la jueza en su fallo, agregando que «solo el presidente en ejercicio está encargado de cumplir con el deber ejecutivo según la Constitución» y «está en mejor posición para evaluar las necesidades presentes y futuras del poder ejecutivo y apoyar la invocación del privilegio en consecuencia».
Si bien la postura de Trump de que su poder ejecutivo «existe en perpetuidad» explica su deseo de anular «la voluntad expresa del Poder Ejecutivo», «los presidentes no son reyes, y el demandante no es presidente», concluyó Chutkan. El exmandatario «conserva el derecho de afirmar que sus registros son privilegiados, pero el presidente en ejercicio no está constitucionalmente obligado a respetar esta pretensión», añadió.
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Alberto News
