La Unión Europea (UE) pidió este miércoles la «liberación inmediata» de los cerca de 50 líderes opositores y activistas que la policía de Hong Kong arrestó hoy por su supuesta violación de la polémica Ley de Seguridad Nacional.
EFE
«El arresto de más de 50 activistas prodemocráticos acusados de subvertir la Ley de Seguridad Nacional envía una clara señal de que el pluralismo político no se tolera en Hong Kong (…) y como UE pedimos la liberación inmediata de las personas arrestadas», dijo el portavoz del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell.
Se trata de la detención más numerosa desde que entró en vigor, el pasado 30 de junio, la ley, que pena hasta con cadena perpetua supuestos de secesión o de confabulación con fuerzas extranjeras.
Desde la entrada en vigor de la ley -diseñada e impuesta por Pekín- ha habido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas, ante lo que algunos han optado por exiliarse para tratar de evitar represalias.
El portavoz de Borrell mostró el apoyo político a la autonomía de Hong Kong bajo el principio de «un país, dos sistemas» y aseguró que la UE está «analizando la situación para ver cómo actuar» y recordó que hasta ahora, los Veintisiete ya han adoptado una serie de medidas en respuesta a China por la controvertida ley.
El pasado mes de julio acordaron limitar las exportaciones de equipamientos sensibles y tecnologías cuyo uso final vaya a estar en Hong Kong y pueda usarse para reprimir a la población.
También han adoptado otra serie de medidas destinadas a apoyar a la sociedad civil, como el incremento de las becas e intercambios académicos con estudiantes y universidades hongkonesas.
En cuanto a la aplicación de posibles sanciones contra China, el portavoz del alto representante dijo que «por ahora es un proceso que requiere unanimidad de los Estados miembros» y apuntó que la siguiente oportunidad en que los ministros de Exteriores de la UE podrían analizar la situación será en el Consejo que celebren el 25 de enero.
La UE aprobó en diciembre su nuevo régimen de sanciones contra los Derechos Humanos, que permite sancionar a individuos y empresas concretos, sin importar el lugar en que se encuentren.
Los Veintisiete de momento no han incluido a nadie en la lista, en una decisión que requiere unanimidad.
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