El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves que aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, luego de que se filtró que una de sus asesoras contactó recientemente por teléfono al líder radical mapuche Héctor Llaitul, detenido la víspera.
EFE
«He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega», dijo el mandatario, durante una gira por el norte del país.
Vega, de 64 años y ligada al socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD), es la primera ministra que sale del Gobierno de Boric, una renuncia que se produce cinco meses después de la toma de posesión y diez días antes del plebiscito en el que los chilenos decidirán si aprueban la propuesta de nueva Constitución.
El medio local Ex-Ante desveló este jueves un informe de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) que señala que una funcionaria del ministerio se contactó con Llaitul en mayo para tratar de agendar una conversación con Vega.
La comunicación tuvo lugar la misma mañana que el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las principales organizaciones radicales mapuche que operan en el sur de Chile, llamó a «organizar la resistencia armada» en respuesta a la militarización de la zona que había decretado Boric.
«Debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma. Los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra», agregó el gobernante, quien anunció que la subsecretaria Paula Poblete asumirá el cargo de forma interina.
No es al primera polémica en la que está envuelta Vega, quien en mayo, días después del contacto entre su asesora y Llaitul, reconoció en una televisión local que en Chile existen presos políticos mapuche.
Sus declaraciones desataron una ola de críticas, incluido en el oficialismo, y la ya exministra tuvo que rectificar horas después.
Un tribunal decretó este jueves prisión preventiva para Llaitul, quien fue arrestado la víspera por los presuntos delitos de «hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad» y trasladado a Temuco, la capital de la región de La Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago.
Allí y en otras zonas sureñas existe desde hace décadas el llamado «conflicto mapuche», una disputa territorial entre el Estado, comunidades radicales indígenas y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.
En ese contexto, se producen casi a diario ataques incendiarios a maquinaria y predios y cortes de ruta -muchos de ellos reivindicados por la CAM- y periódicamente ocurren también tiroteos con víctimas mortales.
«Las señales deben ser claras: sí al diálogo, no a la violencia. Quienes no entiendan esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de derecho que nosotros desde el Gobierno vamos a defender», alertó Boric.
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