Las autoridades de Colorado, en colaboración con agencias federales, anunciaron esta semana la creación de un grupo especial de trabajo destinado a identificar y detener a miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, que ha comenzado a operar en el área metropolitana de Denver.
Desde principios de agosto, los departamentos policiales de las principales ciudades de Colorado están en alerta ante posibles amenazas de esta banda criminal internacional, que ha ganado notoriedad e influencia en Estados Unidos, publicó EFE.
El nuevo grupo de trabajo, liderado por el Buró de Investigaciones de Colorado y la Patrulla de Caminos, fue formalizado por el alcalde de Aurora, Mike Coffman. El alcalde informó que el grupo “ya venía operando de manera no oficial”, pero que ahora se ha consolidado para mejorar la cooperación con la comunidad y recibir información valiosa de los residentes.
Habrá una presencia fuerte y visible en áreas con concentraciones de inmigrantes venezolanos para que, junto a las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal, podamos identificar y arrestar a los delincuentes», explicó Coffman. Añadió que el grupo permitirá «maximizar resultados, compartir inteligencia y participar en investigaciones conjuntas continuas».
Durante la misma reunión del concejo municipal de Aurora, el subjefe interino del Departamento de Policía de Aurora (APD, por sus siglas en inglés), Chris Juul, destacó que este grupo especial permitirá identificar a los miembros activos del Tren de Aragua en el área de Denver y evaluar con precisión la situación real, en contraste con la información disponible a nivel nacional.
El grupo contará con el respaldo de la Red Regional de Fuerzas del Orden contra la Violencia (Raven, por sus siglas en inglés), dependiente del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) del gobierno federal, un equipo especializado en el arresto de criminales violentos, pandilleros y traficantes de drogas.
La decisión de formar este grupo se tomó a finales de julio, después de que entre 3.000 y 4.000 venezolanos se reunieran en el estacionamiento de un centro comercial en Aurora el 28 de julio, para protestar por los resultados electorales en su país. Este evento, que no contaba con autorización, causó preocupación entre las autoridades locales debido a las interrupciones generadas.
Además, los concejales de Aurora Danielle Jurinsky, Stephanie Hancock y Steve Sundberg mencionaron en una reunión del pasado 8 de agosto la existencia de un “grave problema de pandillas” en un edificio de apartamentos que fue desalojado por la policía local el 12 de agosto por infracciones administrativas.
En dicho edificio, donde residían unas 3.000 familias venezolanas, se registraron 41 crímenes en 2022, 84 en 2023 y 66 en la primera mitad de 2024, según datos del APD. Actualmente, la policía de Aurora también investiga las condiciones de otro edificio de apartamentos, administrado por la misma compañía del primero, que alberga a una mayoría de residentes venezolanos recién llegados, donde se ha observado un aumento significativo de la violencia y criminalidad.
Se espera que el desalojo de este segundo edificio podría comenzar esta misma semana, según la municipalidad local, precisó EFE.
Aunque la policía de Aurora no confirmó ni desmintió las declaraciones de los concejales, el subjefe Juul subrayó que la prioridad del grupo es «enfocarse en actividades criminales que involucren a las comunidades de inmigrantes». Juul también instó a todos los miembros de la comunidad, incluidos los inmigrantes, a denunciar los delitos a las autoridades locales y no quedarse como víctimas silenciosas.
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