El Gobierno Legítimo de Venezuela, ha decidido recurrir a la corte del Distrito Sur de Nueva York, un árbitro confiable, imparcial, experimentado y revisto de autoridad, para que conozca y juzgue si los bonos PDVSA 2020 son o no válidos, con la intención de defender los intereses del pueblo venezolano que atraviesa hoy la peor crisis humanitaria del continente.
Gracias a las pruebas que tenemos, a la documentación que hemos logrado recoger y al conocimiento de los instrumentos legales relativos al caso, confiamos en que la decisión que tomará el juez será legalmente correcta y moralmente justa.
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Al demandar la nulidad de los bonos PDVSA 2020, no se pretender repudiar esa deuda ni, en general, el resto de reclamaciones privadas en contra del Estado. En realidad, el bono PDVSA 2020 representa menos del 1% de la deuda externa, con lo cual, la demanda solo afecta un porcentaje muy pequeño de esa deuda.
Además, esta demanda es resultado de un cuidadoso análisis legal, y de un proceso de negociación que al no lograr una solución razonable, llevó a la junta administradora ad-hoc de PDVSA a demandar la nulidad del Bono 2020.
Es también importante recordar que el Bono 2020, a diferencia del resto de la deuda financiera de PDVSA, tiene como colateral el 50,1% de las acciones de Citgo. Es precisamente por ello que ese Bono es inconstitucional, como lo sabían incluso los tenedores antes de la emisión del Bono 2020, pues la Asamblea Nacional – en sesión pública – recordó que todo contrato de interés público nacional debe ser autorizado previamente por este órgano, advirtiendo así de los riesgos que implicaba a quienes habían decidido financiar al régimen de Nicolás Maduro adquiriendo los Bonos 2020.
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Importantes firmas internacionales como Nomura Securities, Deutsche Bank Markets Research, Torino Capital y el Dow Jones Industrial News también advirtieron, en su momento, sobre los riesgos asociados a estos bonos.
Por todo esto no puede ni debe compararse la deuda correspondiente a los bonos PDVSA 2020 con el resto de los pasivos del Estado, y mucho menos asumir que la defensa de los activos de los venezolanos, puestos de manera ilegal como colateral de estos Bonos de Maduro, implique el desconocimiento del total de la deuda pública nacional.
El Gobierno Legítimo de Venezuela ratifica su voluntad de reconciliar todas las reclamaciones heredadas de los regímenes de Chávez y de Maduro, sin perjuicio de su derecho a analizar, caso por caso, aquellas que puedan ser catalogadas como dudosas, de acuerdo con los lineamientos para la negociación de de la deuda, aprobados por la Asamblea Nacional el 1° de julio de 2019.
Con información de PresidenciaVe.com
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