El régimen de Nicolás Maduro, rechazó este jueves el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el que se denunció la alta impunidad en el país, además de criticar la represión a «presos políticos» en Venezuela.
EFE
«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, una vez más, rechaza categóricamente el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, al igual que la reiterada práctica de calificar las políticas de otros países en esta materia sin ningún rigor técnico ni credibilidad», indicó el Gobierno venezolano en un comunicado difundido por la Cancillería de Maduro.
En el texto, la dictadura de Maduro tildó de «grave» que EE.UU. «manipule» el tema de los derechos humanos con el objetivo de «avanzar sus intereses políticos» y aseguró que el Gobierno norteamericano ha «demostrado» su «desprecio» por el pueblo venezolano.
En este sentido, insistió en que «poco pueden interesarle al Gobierno estadounidense los derechos de un pueblo que somete a medidas coercitivas unilaterales y a un criminal bloqueo económico».
A juicio de la Administración de Nicolás Maduro, con el informe y la «falsa narrativa», que aseguró, promueven organizaciones «financiadas» por EE.UU. «se busca opacar los logros del Gobierno bolivariano en garantizar derechos humanos, políticos, económicos y sociales, aun bajo las más severas agresiones».
En su informe, el Departamento de Estado de EE.UU. denunció que el régimen de Nicolás Maduro mantiene en la cárcel a «centenares» de presos por motivaciones políticas, muchos de ellos en condiciones «críticas».
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En el documento, EE.UU. mencionó cifras de la organización Foro Penal, según las cuales en octubre pasado había 260 presos políticos en el país, 50 de ellos «en condiciones de salud críticas».
Destacó que el régimen de Maduro «permitió a algunos candidatos opositores participar» en las elecciones regionales de noviembre, pero «no hubo condiciones para unos comicios libres y justos».
También afirmó que las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición, que tuvieron lugar en México entre agosto y septiembre, permitieron el regreso al país de algunas «figuras del exilio».
«A pesar de estos cambios, el régimen de Maduro siguió manteniendo a centenares de personas en prisión por motivaciones políticas e impidió que centenares de candidatos de la oposición ejercieran todos sus derechos para postularse», criticó.
La dictadura madurista rebatió esta información e instó a EE.UU. a «enfocarse en resolver su propia crisis carcelaria», al asegurar que esa nación es «el país con el mayor índice de encarcelación en el mundo, que posee el 25 % de la población carcelaria de todo el planeta».
«Venezuela, fiel creyente de la diplomacia y observadora del derecho internacional, desea relaciones de respeto y cooperación con todas las naciones del mundo. No es a través del engaño, del chantaje y de la agresión, que se puede hacer ejercicio de la diplomacia», concluye el comunicado.
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