A pasos agigantados avanza la investigación por el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en Santiago de Chile, a fines de febrero de 2024. A mediados de esta semana, un megaoperativo policial en diversas comunas capitalinas desbarató la célula “Los Piratas” del Tren de Aragua y seis de sus miembros fueron detenidos, uno de los cuáles -ahora testigo protegido-, aseguró que la orden de asesinar al exmilitar venezolano vino desde el número dos de Venezuela, Diosdado Cabello.
“Se me dijo que Diosdado Cabello, quien es político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él”, declaró, según reveló la noche del miércoles una nota de CHV Noticias.
El individuo era el encargado de proveer los automóviles con los que “Los Piratas” de Aragua cometían sus delitos y es apuntado como una de las personas que habría enterrado el cuerpo de Ojeda, metido dentro de una maleta, bajo una losa de cemento de un metro y medio. Y una foto tomada por él mismo daría plena cuenta de ello.
Su testimonio es fundamental, pues corrobora la tesis del Ministerio Público chileno de que el secuestro y crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela, la que también es compartida por el Gobierno chileno.
La noticia fue ratificada la mañana siguiente por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, quien en conversación con T13 Radio indicó que “el fiscal Barros confirmó que hay tres personas que declaran en la investigación que atribuyen el encargo a autoridades del gobierno venezolano”.
“Al menos una de esas personas (…) manifestaría que el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”, aseguró el máximo persecutor chileno.
“Hay antecedentes muy sólidos en la carpeta de investigación para entender que este es un secuestro con homicidio por encargo (…) con motivaciones políticas”, remató.
Por la tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, calificó de una “enorme gravedad” la noticia y sostuvo que de comprobarse el vínculo de Diosdado Cabello con el crimen, el Gobierno de Chile “recurrirá al Tribunal Penal Internacional” a fin de buscar justicia.
“El Estado de Chile ha mostrado en el transcurso de esta investigación lo seriamente que nos tomamos estos temas y lo persistentes que somos para hacer que funcione la justicia”, dijo tajante.
El subsecretario de Interior chileno, Luis Cordero, descartó de plano además enviar de vuelta a Venezuela a los miembros de los “Los Piratas” o a cualquier otro integrante del Tren de Aragua, tal como exigió el miércoles el Fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
El funcionario aseguró que dicha organización criminal ya fue desmantelada en suelo venezolano y que al menos 50 personas vinculadas a “ese grupo estructurado de delincuencia organizada” están detenidas. “Y los que están prófugos tienen solicitud de alerta roja y están fichados por Siipol (Sistema de Investigación e Información Policial) con orden de aprehensión”, apuntó.
“País que pueda tener alguno de estos delincuentes aprehendido deberá, en base a esas órdenes de aprehensión y alertas rojas, entregarlos a nuestra nación para que sean implacablemente procesados, como lo hemos demostrado, recibiendo los mismos la máxima pena”, demandó William Saab, quien además sostuvo que por estos días Venezuela es “uno de los lugares más seguros del mundo”.
Para analizar las implicancias y repercusiones de estos hechos, Infobae conversó con Pablo Zaballos, ex oficial de policía con 15 años de experiencia como analista de inteligencia de Carabineros, experto en terrorismo internacional y crimen organizado y autor del libro “Un virus entre sombras: La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile”, publicado por Catalonia y disponible en Chile y América Latina en formato físico y digital.
-¿Qué le parecen los avances en la investigación y el trabajo de las policías chilenas?
-La detención se enmarca en una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público de Chile, relacionada con una facción del complejo criminal Tren de Aragua. Esta facción no solo está vinculada al secuestro del teniente Ojeda, sino también al brutal asesinato de un oficial de Carabineros frente a su familia además de otros homicidios, secuestros extorsivos, torturas y diversos delitos de extrema gravedad. Se trata de una de las facciones más “puras” de la línea Tocorón del Tren de Aragua, responsable de múltiples crímenes cometidos en Chile en los últimos años.
Este hecho es clave, ya que evidencia cómo este complejo criminal diversifica sus actividades ilícitas, subcontrata elementos delictivos y desafía al Estado mediante delitos de alto impacto. Este desafío persiste incluso dentro de las prisiones, tal como se ha observado en Chile y en Colombia.
En el desarrollo de esta investigación el Fiscal Barros logró unificar esfuerzos policiales y penitenciarios, además de cooperación internacional que terminó con la detención de un importante activo criminal de esta facción en Estados Unidos.
Sin embargo, estos avances son un paso de un camino que aún se debe recorrer que permita juzgar adecuadamente a estas personas y demostrar su participación en los actos que se les imputan.
– Uno de los detenidos aseguró que Diosdado Cabello dio la orden de matar a Ojeda. ¿Cree verídica esa declaración? ¿Qué perfil tiene Cabello?
-Diosdado Cabello es una figura clave y ascendente dentro del chavismo, y hoy en día, del madurismo. Excapitán del Ejército, actualmente ocupa el cargo de ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, aunque previamente ha desempeñado diversos roles en el Estado, incluidos el de diputado y presidente de la Asamblea Nacional.
La tesis del Ministerio Público chileno lo señala como quien habría ordenado el asesinato de Ronald Ojeda, lo cual representa un hecho relevante: es la primera vez que Cabello es vinculado con un crimen fuera de Venezuela. Cabe recordar que Cabello ya enfrenta graves acusaciones internacionales, incluyendo narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas por parte de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de USD 25 millones por su captura. En 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. lo acusó formalmente de “conspirar con las FARC.” Además, sobre él pesan sanciones de la Unión Europea y de otros organismos internacionales.
Cabello utiliza su programa de televisión como una plataforma de propaganda desde la cual desacredita a opositores y, en casos más graves, presuntamente desencadena procesos penales arbitrarios. Según la Misión Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU, Cabello influye directamente en el poder judicial y da órdenes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La Misión ha señalado que, debido a la falta de independencia del sistema judicial en Venezuela, las acusaciones y declaraciones difamatorias de altos representantes del Estado suelen ser la base para iniciar acciones legales que colocan a los imputados en clara desventaja procesal.
Actualmente, como ministro del Interior, Cabello lidera una narrativa controvertida que afirma estar luchando contra el crimen organizado, aunque según sus declaraciones, este estaría fomentado por la oposición venezolana, expresidentes colombianos, o cualquier figura que considere un adversario político. Las graves acusaciones que lanza frecuentemente, aunque a menudo irracionales, resultan peligrosas en un contexto de politización extrema y fanatismo.
– ¿Comparte entonces la tesis del Ministerio Público chileno de que el secuestro y crimen de Ojeda fue orquestado desde Venezuela, tesis que también apoya el Gobierno?
-No tengo más información que las declaraciones públicas sobre los elementos que sustentan la tesis del Ministerio Público chileno acerca de la participación del gobierno venezolano en el crimen del teniente Ojeda. Sin embargo, conociendo la rigurosidad con la que trabaja el Ministerio Público para sostener una hipótesis de esta naturaleza, es razonable asumir que se han descartado otras líneas investigativas y que los fundamentos de esta teoría deben ser sólidos.
En este contexto, el Tren de Aragua sería el grupo criminal más efectivo para ejecutar una operación de esta naturaleza. Claro está, su motivación no sería política ni ideológica, sino económica, o bien podría haber actuado bajo acuerdos relacionados con beneficios, prebendas o incluso coacción. Esto último solo se podrá confirmar a medida que avance la investigación y los elementos que sustentan la hipótesis se hagan públicos.
No obstante, ciertos aspectos refuerzan esta teoría: la rápida ejecución del crimen, el perfil de Ojeda como opositor activo y la ausencia de un pedido de rescate. Todo ello apunta a que se trató de un acto deliberado y calculado. Además, el gobierno chileno ha respaldado esta tesis, a pesar de las posibles consecuencias políticas y las narrativas de agresividad que podrían surgir en las próximas semanas. Estas podrían incluir contraacusaciones, ataques ad hominem contra fiscales, autoridades políticas chilenas e incluso periodistas, lo que complicará aún más el desarrollo de la investigación y el debate público en torno al caso.
– ¿Chile debería extraditar a estos detenidos a Venezuela, tal como exigió el fiscal Tarek William Saab?
-No. La investigación del crimen se está desarrollando en Chile, donde ocurrió el hecho, y es la justicia chilena la que debe procesar a los responsables. Además, existen serias dudas sobre la imparcialidad y el respeto al debido proceso en Venezuela. El sistema judicial y de persecución penal en Venezuela ha demostrado ser poco confiable a nivel internacional. Esto ha sido señalado por organismos internacionales, centros de estudios, y respaldado por denuncias formales que han derivado en sanciones internacionales contra algunos de sus integrantes. Por tanto, la extradición no solo pondría en riesgo la integridad de la investigación, sino también la posibilidad de que se haga justicia de manera transparente y efectiva.
– En caso de que se compruebe que Venezuela tuvo injerencia en el crimen de Ronald Ojeda, ¿debería Chile recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) en busca de justicia?
-Si se comprueba la participación del gobierno venezolano en el crimen de Ojeda, sería pertinente que Chile recurra a la Corte Penal Internacional, y probablemente no tendrá otra opción que hacerlo. Un crimen de esta naturaleza es absolutamente inaceptable para un Estado democrático, independientemente de la dimensión en la que se analice. La presunta participación de actores estatales extranjeros en actos criminales no puede ni debe ser tolerada, ya que representa una grave amenaza no solo para la soberanía de Chile, sino también para los principios fundamentales que sustentan la democracia y el respeto al derecho internacional.
-¿Qué implica el inminente esclarecimiento del crimen de Ronald Ojeda para el contexto de Latinoamérica?
-La investigación avanza hacia el esclarecimiento del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Actualmente, se cuenta con una tesis respaldada por elementos probatorios muy sólidos, quedando pocos vacíos por resolver respecto a la identificación de todos los ejecutores, cómplices y encubridores. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de casos, lo más difícil será demostrar la autoría intelectual del hecho criminal.
De comprobarse la tesis que sostiene hoy el Ministerio Público, las implicaciones para Latinoamérica serían significativas, aunque resulta complejo dimensionarlas en este momento. Lo más relevante es que evidenciaría que el régimen venezolano no solo persigue a sus opositores dentro de sus fronteras, sino también fuera de ellas. Esto constituiría una grave violación al derecho internacional y a la soberanía de otros países.
El caso generaría un aumento de las tensiones diplomáticas y un mayor aislamiento internacional para Venezuela, afectando directamente a su población y agravando la ya crítica crisis migratoria. Esta fue calificada por la OEA en 2018 como la más significativa en la historia del hemisferio occidental.
Aunque no se cuenta con información concreta sobre crímenes similares perpetrados en otros países, este caso podría abrir la puerta a investigaciones sobre posibles operaciones similares del régimen venezolano en el extranjero, lo que daría lugar a un mayor escrutinio internacional sobre sus acciones.
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