Una corte de apelaciones dictaminó que el presidente, Donald Trump, no tiene autoridad para derogar la ciudadanía por nacimiento con una orden ejecutiva.
La Core de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para que eliminara la suspensión a la orden ejecutiva impuesta por un juez de Seattle, quien falló que ésta era inconstitucional.
Al denegar dicha solicitud, el tribunal consideró que el Departamento de Justicia no había demostrado «de manera convincente que es probable que tenga éxito en el fondo de esta apelación».
Una de las tres miembros de la corte, la jueza Danielle Forrest, nombrada por Trump, amplió su razonamiento en una opinión concurrente.
«Es habitual que tanto las políticas ejecutivas como las legislativas sean impugnadas ante los tribunales, sobre todo cuando una nueva política supone un cambio significativo con respecto a los acuerdos y prácticas anteriores», indicó.
«El hecho de que una corte de distrito conceda una medida cautelar que paralice una política impulsada por uno de los poderes políticos no constituye en sí mismo una emergencia. Una controversia, sí. Incluso una controversia importante, sí. Una emergencia, no necesariamente», afirmó al argumentar su decisión.
El pasado 6 de febrero, el juez de distrito John C. Coughenour puso en pausa la entrada en vigor de la orden presidencial para permitir que se presentaran argumentos a favor y en contra sobre la demanda presentada en su contra en Seattle, Washington. La decisión no entra a juzgar el fondo del asunto, pero el magistrado adelantó en se momento que consideraba la orden “descaradamente inconstitucional”.
“Si el Gobierno quiere cambiar el excepcional derecho de Estados Unidos de la ciudadanía por nacimiento necesita enmendar la Constitución”, indicó el magistrado, que ya había dictado una pausa temporal el 23 de enero aceptando los argumentos de los cuatro estados que demandaron (Washington, Arizona, Illinois y Oregon).
La ciudadanía por derecho de nacimiento implica que toda persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano de este país, un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución y que aplica también a los hijos de una persona indocumentada o que estén en Estados Unidos con visa —de turista o de estudiante— y planeen luego regresar a su país de origen.
Estados Unidos es uno de los 30 países con este derecho, conocido como el principio de jus soli, o “derecho de suelo”. La mayoría se encuentran en América, incluidos Canadá y México.
La orden del magistrado en Seattle fue dada a conocer un día después de que una jueza federal de Maryland emitiera otra suspensión a nivel nacional en un caso separado, pero similar, que involucra a grupos de derechos de los inmigrantes y mujeres embarazadas cuyos hijos, próximos a nacer, podrían verse afectados.
El fundamento de esas demandas es que la orden puede contravenir la 14 Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, después de la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que determinó que Scott, un esclavo, no era ciudadano.
“El principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento es un pilar de nuestra democracia. Está entretejido en las leyes de la nación y ha dado forma a un sentido compartido de pertenencia nacional para generaciones tras generaciones de ciudadanos”, argumentan.
La Administración Trump afirma que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
