Uruguay sigue sin manejar un plazo para vacunar a su población contra el coronavirus SARS-CoV-2 al tiempo que el Gobierno de Luis Lacalle Pou negocia con varios laboratorios, según los datos aportados este martes durante la comparecencia del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, ante la Comisión homónima del Senado.
EFE
Salinas se presentó en la Cámara Alta durante siete horas, junto al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y varios integrantes del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que ayuda al Ejecutivo en la gestión de la pandemia.
En una rueda de prensa posterior, Salinas afirmó que el Gobierno uruguayo está «priorizando la seguridad y la eficacia» a la hora de elegir la vacuna para la población, además de valorar la «logística y el aprovisionamiento, así como las garantías del estado uruguayo para vacunar a su población objetivo».
«Decir más de lo necesario significa perder mucho para el país», declaró el titular de Salud Pública para no ofrecer más detalles sobre las negociaciones de compra de vacunas, un «proceso de alta complejidad», que, dijo, «tiene que ofrecer certezas».
Salinas afirmó que el Gobierno tiene «un plan totalmente armado» y que si no ofrece más información sobre este se debe a «limitaciones de orden legal».
En este sentido, el secretario de la Presidencia explicó que el Gobierno tiene «un acuerdo de confidencialidad con varios laboratorios», que implica «no poder confirmar públicamente detalles del acuerdo».
«No vamos a hipotecar una tratativa con varias plataformas por dar una noticia anticipadamente y poner en riesgo el prestigio y la seriedad que el país ha ganado con este tema», agregó Delgado, quien especificó que el camino elegido es el «más largo, pero también el más seguro» en pos de una vacuna «gratuita y voluntaria».
El secretario de la Presidencia reconoció que hay dos líneas de trabajo: la sanitaria, epidemiológica e inmunológica, por un lado, y, por otro, la «demanda infinita para una producción que es limitada», en relación a la cual el buen papel desarrollado por Uruguay en los primeros meses de pandemia han dado una carta de confianza al país en el contexto internacional.
Previamente, los senadores opositores Sandra Lazo y Daniel Olesker, del Frente Amplio (FA, izquierda), denunciaron que el Ejecutivo presentó ante la Comisión «un plan de vacunación, pero que no tiene una fecha de inicio ni laboratorio», en palabras de Lazo, quien agregó que eso «no es un plan de vacunación al uso».
«De las cuestiones ‘cuál, cuándo y a quién’, sólo respondieron a una. Si no está definido un plan en términos estratégicos de cuáles son las vacunas y los plazos, el ‘a quién’ queda subsumido en el ‘cuándo’ y ‘cuál'», indicó Olesker en alusión a que los trabajadores sanitarios serán los primeros vacunados en Uruguay.
El país suramericano vive su primera ola del COVID-19, con más de 21.500 casos desde el inicio de la emergencia sanitaria -el 13 de marzo-, de los que casi 6.000 están activos y ha habido más de 200 muertos.
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