Una reforma legal en Ecuador busca, entre otras cosas, facilitar las deportaciones de quienes sean considerados una “amenaza o riesgo para la seguridad pública”. La medida ha causado reacciones de rechazo en la comunidad venezolana que vive en ese país.
Néstor Aguilera | La Voz de América
Las reformas a la Ley de Movilidad Humana en Ecuador, aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional, han causado polémica entre ciertos sectores de la población, que ven en el instrumento una forma de “criminalizar” al fenómeno migratorio, en especial a la comunidad venezolana que vive en ese país, la cual expresó su descontento a través de un comunicado de prensa.
El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, Fernando Flores, expresó a la Voz de América que las reformas no están dirigidas contra nadie y que lo que se busca con ellas es generar normas que permitan la convivencia pacífica y una migración ordenada, algo que hasta el momento no se estaba cumpliendo.
Flores reconoce que el éxodo de venezolanos se ha dado en buena parte hacía el Ecuador y que negarles la entrada no es posible, ya que ellos buscan mejores condiciones de vida y llegan huyendo de la grave crisis que atraviesa la nación caribeña. Sin embargo, agrega que ante el aumento desmedido de la migración era necesario adaptar la ley.
“No podíamos cerrarnos y decir aquí no pasa nadie. Llegamos a tener en la frontera norte de Ecuador casi 6.000 ó 8.000 [venezolanos] queriendo ingresar por día. Rebasó totalmente la infraestructura que el país tenía para poder recibirlos, revisar la documentación, darles cuidados… el número de ciudadanos venezolanos desbordó toda expectativa”, citó el asambleísta.
La llegada de la pandemia del COVID-19 complicó aún más la situación económica de los migrantes venezolanos en Ecuador.
Según Flores los cambios eran requeridos para “poner orden en casa” y argumentó que cualquier persona que migra debe adaptarse a las leyes que rigen en el país de destino. Insiste en que la reforma respeta el debido proceso y no discrimina a nadie por su situación migratoria.
“No es que cualquier persona es detenida y deportada (…), en esta ley está garantizado el debido proceso. Está garantizado su derecho a la defensa”, asegura.
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