Representantes de la Unión Venezolana en Perú solicitaron este lunes al Gobierno peruano iniciar un proceso masivo de exoneración de las «desproporcionadas» multas impuestas a miles de migrantes que no prorrogaron su residencia antes del vencimiento y hoy corren el riesgo de ser expulsados del país.
A través de una carta dirigida al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, el presidente de la ONG venezolana, Óscar Pérez, instó a las autoridades peruanas a adoptar medidas para condonar estas sanciones económicas «impagables» a las que se enfrentan los ciudadanos extranjeros en Perú, que después de Colombia es el país que alberga a más refugiados venezolanos del mundo, con más de un millón llegado desde 2016.
«Estamos pidiendo que se evalúen medidas extraordinarias de condonación, de exoneración de multa, una suerte de amnistía que permita olvidar estas deudas y que las personas puedan nuevamente regularizar su situación migratoria y seguir avanzando (…) en aportar al desarrollo económico del Perú», declaró Pérez desde el frontis del Ministerio del Interior, en el acomodado distrito limeño de San Isidro.
«Hoy estamos apelando a la visión humanista, a la visión solidaria, a la generosidad del señor ministro del Interior para que se busque algún tipo de medida que permita devolverle la paz a todas estas personas», insistió.
En el oficio, que tuvo el respaldo de 5.000 firmas, el presidente de la Unión Venezolana sostuvo que, a pesar de «coincidir plenamente con la visión administrativa (…), las sanciones pecuniarias impuestas a quienes por diversos motivos no inicien los trámites de prórrogas de residencia dentro de los plazos establecidos resulta desproporcionada en comparación con la realidad económica por la que atraviesan la mayoría de ellos».
En concreto, la multa contemplada en estos casos asciende a 46 soles diarios (unos 12 dólares), un monto «imposible» de afrontar en el contexto de vulnerabilidad en el que viven los ciudadanos venezolanos en el Perú, agravado por la crisis económica desatada por la pandemia de la covid-19.
«Lo grave de todo esto es que la multa que está contemplada en la ley de migraciones es de 46 soles por día, cuando el salario básico en este país es de 31. Es imposible pensar que alguien que gana 31 soles por día pueda pagar para mantener su residencia, (…) pues le faltarían 15 soles diarios para poder completar el pago de esta multa», espetó Pérez.
El representante de la Unión Venezolana en Perú insistió, también, en las consecuencias sociales y económicas que implicaría la pérdida de la residencia de los migrantes y refugiados venezolanos en el país andino, «la mayoría de ellos profesionales y emprendedores».
«Estamos hablando de gente que ha venido a este país a hacer las cosas bien y a seguir adelante: de profesionales, de médicos, enfermeras, que están a punto de perder la residencia y por ende no poder seguir ejerciendo la carrera acá», subrayó.
Un estudio de la Cámara Venezolana Peruana de Empresarios y Ejecutivos (Cavenpe) y la Konrad Adenuaer Stiftung (Kas) reveló en agosto pasado que los migrantes y refugiados venezolanos generan un impacto fiscal neto de 139 millones de soles (unos 35 millones de dólares) en Perú, un valor que podría escalar en un 113 % si el país andino impulsara políticas públicas eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante.
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