De acuerdo con los resultados del Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina el abuso de la fuerza letal por funcionarios del Estado constituye un problema compartido en muchos países de América Latina. El estudio hace una comparación entre varias naciones: Brasil, México, El Salvador, Colombia y Venezuela, donde, según el documento, de los 19.387 homicidios registrados en 2017, 25,8% se debieron a la intervención estatal, y asegura que es el segundo país con más letalidad policial.
En la introducción del documento se reseña que con frecuencia el uso de la fuerza letal es presentado por parte de los Estados como un costo que no se puede evitar cuando se trata de afirmar la seguridad. Sin embargo, a pesar del importante número de personas muertas a manos del Estado, la gran mayoría de casos de uso de fuerza letal no son investigados al presumirse que se dieron en un contexto que los hace legítimos.
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El apartado de Venezuela, realizado por el criminólogo Keymer Ávila, explica que en el país el uso de la fuerza está regulado en primer lugar en la Constitución, la cual, a través de su artículo 2 estipula el derecho a la vida, así como el respeto a los derechos humanos. La ley destaca que en el país no hay pena de muerte y que el Estado está obligado a proteger “la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”.
Para los uniformados que irrespeten la normativa y cometan ejecuciones extrajudiciales, el investigador Ávila destaca que la normativa venezolana les imputa el delito de homicidio alevoso calificado, agravado por abuso de las armas de la autoridad o empleo de cualquier otro medio que debilite la defensa de un civil. La pena para quienes cometan este delito va de los 17 años a los 20 años.
La investigación realizada por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina afirma que en Venezuela las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado han incrementado aproximadamente en un 726% desde 2013. Explica que desde este año se empieza a ver el aumento y en 2015 a 2016 con el desarrollo de las Operaciones de Liberación del Pueblo a nivel nacional se genera un repunte notorio. Una muestra de esto es la comparación de los homicidios a manos del Estado en 2010, donde la tasa por cada cien mil personas fallecidas era de 2.3, y en 2016 llegó a 19. Datos internacionales establecen que este número no debería pasar de 10.
El informe también hace referencia al perfil de las víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado: el 99 % fueron hombres con una edad promedio de 25 años. Y el perfil de los agentes de seguridad pública víctimas de disparos intencionales es que el 94% fueron hombres, de una edad promedio de 32 años; 35% de ellos pertenecían a los rangos más bajos. Destaca además que el 65% de estos funcionarios no se encontraban de servicio, 60% de ellos no estaba uniformado y 55% no estaba identificado como agente de seguridad del Estado.
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Según el documento, hasta 2017 solo el 12% los homicidios cometidos por efectivos del Estado fueron en un contexto de enfrentamiento real con grupos delictivos. Indica que teniendo como referencia el incremento de funcionarios, tras nuevas juramentaciones, la tasa aproximada de civiles muertos por cada 1.000 funcionarios de seguridad del Estado venezolano sería de 28.56 por cada 100.000 habitantes.
Al hacer la comparación con los otros países estudiados, Venezuela queda en segundo lugar como la nación con más uso arbitrario y excesivo de la fuerza con 4.998 civiles muertos. En primer lugar se encuentra Brasil con 4.670 y en tercer lugar El Salvador con 407.
Con información de El Pitazo
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