Sin respuesta. La gestión de Nicolás Maduro guardó silencio total ante las denuncias de violencia de género y sexual contra mujeres y los casos de torturas que se mencionaron en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Por Shari Avendaño / Efecto Cocuyo
Al cumplirse un mes de la publicación del documento sobre el estado de los Derechos Humanos en Venezuela de la ONU, el gobernante Nicolás Maduro ha reiterado su apoyo a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), ente que la Alta Comisionada recomendó disolver, y ha descalificado a Michelle Bachelet, a quien acusó de firmar “un monstruo de mentiras insustentables“.
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Efecto Cocuyo desglosó el informe de la Alta Comisionada y emparejó cada uno de sus puntos con los comentarios formulados por la gestión de Maduro. No se tomó en cuenta la introducción, conclusión y recomendaciones del informe de Bachelet.
El documento de la gestión de Maduro alude de forma directa al número de párrafos que, a su juicio, contienen errores u omiten información. De esta forma se determinó que los puntos relacionados con violencia de género y sexual, así como torturas y desapariciones forzadas no fueron respondidos por las autoridades venezolanas.
Además, el argumento que más se menciona es la omisión de información brindada a la Alta Comisionada. A continuación, los puntos del informe que no recibieron respuestas de las autoridades:
Mujeres en la mira
En el párrafo 43 del informe de Bachelet se afirma que se sometió a mujeres y hombres a una o varias formas de tortura para extraer información, intimidar y sancionar a las personas detenidas. También se menciona que las autoridades no han investigado ni puesto a los presuntos responsables a la disposición de la justicia.
El informe de la Alta Comisionada (párrafo 44) menciona que se documentaron casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
También se guardó silencio sobre algunas desapariciones forzadas posteriores a la detención arbitraria de personas, así como las violaciones a su garantía de juicio justo.
Sobre la persecusión a la disidencia, poco antes (párrafos 34 y 35) se afirma que a través de la retórica pública y las reformas de ley se ha desacreditado y atacado a las personas que se pronuncian en contra de la gestión de Maduro, entre ellos políticos opositores, activistas y periodistas.
Defensoras de derechos humanos, enfermeras, profesoras y funcionarias públicas han sufrido ataques a través de comentarios sexistas, violencia de género en línea y humillaciones públicas.
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Los familiares de opositores políticos también son objeto de represión selectiva, especialmente las mujeres según se detalla en el párrafo 38. Sin acceso a abogados, son interrogadas y, en algunos casos, maltratadas y torturadas. En sus visitas a los centros de detención, durante operaciones de seguridad y allanamientos de domicilios son sometidas a violencia sexual y de género.
Acción de las Faes
La gestión de Maduro también guardó silencio sobre el párrafo 40, en el que se asegura que las autoridades negaron las muertes en las manifestaciones del año 2018. También se señala que muchos manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, maltratados y torturados.
Hubo una respuesta para seis denuncias sobre lo ocurrido durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y las Faes. A juicio de la gestión de Maduro, el informe omite los datos sobre el descenso de los indicadores de criminalidad así como la investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos.
En el documento de Bachelet se detalló el modus operandi de las OLP, cómo los funcionarios manipularon la escena del crimen para demostrar que la víctima se había “resistido a la autoridad” y que la información analizada indica que muchas de estas muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales.
Más adelante, en el párrafo 58 de la sección de acceso a la justicia, se señala que las mujeres suelen ser quienes hacen seguimiento a las actuaciones e investigaciones penales. Han sido amenazadas, maltratadas e insultadas por funcionarios públicos y judiciales. Se enfrentan a la exclusión social debido a la vergüenza pública y a la estigmatización.
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El informe de la Alta Comisionada aclara en su introducción que el documento incluye un enfoque de género, de forma que pone en relieve cómo la situación venezolana afecta a mujeres y niñas. El párrafo que alude al impacto diferenciado en las mujeres para hacer valer sus derechos (24), en la sección de programas sociales del informe, tampoco fue respondido.
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Señaladas
La Acnudh recabó testimonios de mujeres que han sido señaladas por su activismo y amenazadas por otros líderes o lideresas y grupos armados civiles a favor de la gestión de Nicolás Maduro.
Incluso en el párrafo 14, que forma parte de la sección que desglosa el estado del derecho a la alimentación en Venezuela, se habla de que se reportaron casos de mujeres que por su situación económica, se han visto forzadas a intercambiar sexo por comida.
En cuanto a los grupos en situación de riesgo, en el párrafo 63 se alude a los pueblos indígenasexpuestos a las consecuencias de la extracción de minerales. El Gobierno guardó silencio sobre el riesgo que corren las mujeres y niñas de ser objeto de la trata de personas. Por su parte, los migrantes se enfrentan a varios problemas en los países de tránsito y destino, como por ejemplo ser objeto de estereotipos hipersexualizados, en el caso de las mujeres, adolescentes y niñas.
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