Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Internacional del Parlamento del Mercosur (Parlasur), rechazó la tarde de este miércoles, la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante, por parte de la administración de Nicolás Maduro.
Aseveró que «es una reacción que demuestra una vez más la intolerancia, irrespeto por la instituciones internacionales y lo que significa la cooperación mundial» por parte del régimen que se mantiene en Miraflores.
El parlamentario, adelantando que denunciará este hecho ante el Parlasur y el Eurolat, sostuvo que en lugar de apostar al multilateralismo, el país avanza a más aislamiento. «Venezuela cada día se aísla más y se pone al margen del desarrollo democrático. El carácter tóxico de Maduro nos afecta en todos los órdenes», advirtió.
En este sentido, Dávila agregó que este hecho además vuelve a demostrar que la dictadura no cree en el falso diálogo que pregona. Señaló que prefieren respaldar a corruptos y violadores del derecho universal a vivir en democracia, así esto les cueste darle la espalda al mundo.
«Las sanciones no fueron contra el pueblo venezolano, fueron contra una cúpula corrupta. Lo que vendrá ahora son medidas de reciprocidad de la Unión Europea contra los representantes del madurismo en los países que aún los reconocen», planteó el legislador andino.
Tras agradecer el amplio respaldo de la comunidad internacional a la Asamblea Nacional electa en 2015 y hoy en continuidad administrativa y al Gobierno (E) de Juan Guaidó, Dávila enfatizó en que Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de la UE, debe darse cuenta del carácter totalitario del Gobierno de Maduro.
Nota de Prensa
Recordemos el pasado 22 de febrero, la Unión Europea sumó otros 19 funcionarios del chavismo a su lista de sancionados por atentar contra el sistema democrático en Venezuela y propiciar la violación de los derechos humanos.
Esta decisión eleva a 55 el número total de personas sujetas a sanciones, que incluyen prohibiciones de viaje y congelación de activos. Estas medidas específicas están diseñadas para no tener efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana y pueden revertirse.
La UE introdujo medidas restrictivas contra Venezuela en noviembre de 2017. Las medidas incluyen un embargo de armas y equipo para la represión interna, y la imposición de prohibiciones de viaje y congelación de activos a las personas incluidas en la lista.
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