Maduro aprieta la tuerca del retorno. Cada vez el régimen restringe más el regreso de los venezolanos a su país al poner obstáculos para que no puedan ingresar a su país con el pasaporte vencido ni siquiera con su cédula vigente (carnet de identidad).
El Gobierno chavista impuso la nueva medida desde el pasado 25 de septiembre para que los venezolanos con pasaporte vencido se vean obligados a obtener un salvoconducto o documento de viaje para poder entrar al país.
El salvoconducto es un permiso especial emitido por los consulados de Venezuela, válido únicamente para viajar hacia el país y con una validez limitada a un solo viaje. Su emisión tiene un precio de 60 dólares o euros por concepto de arancel consular, dice el portal digital ‘La Patilla’.
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El trámite es engorroso y costoso porque Venezuela no tiene oficinas consulares en todo el mundo, sino en pocas ciudades. «Para obtener el salvoconducto, los ciudadanos deben acudir al consulado venezolano del país donde se encuentran y presentar pruebas de identidad y justificación de la imposibilidad de renovar su pasaporte. Si no hay legación diplomática o consular en el país, deben solicitarlo a la Cancillería», dice la agencia EFE.
El proceso comienza por correo electrónico o en línea y requiere una cita para firmar y dejar la huella dactilar. El salvoconducto se emite en un máximo de dos días hábiles tras la cita.
Es importante verificar tiempos y requisitos específicos con la misión diplomática y presentar el billete aéreo original y en copia. El salvoconducto debe solicitarse al menos con una semana de antelación y tener una emisión reciente, de al menos 72 horas antes del vuelo. Una vez utilizado, no es válido para otros viajes.
La expedición del pasaporte venezolano es uno de los más costosos del mundo, vale unos 200 dólares, cuando otras nacionalidades cuestan entre 60 y 100 dólares.
El problema es que el régimen no emite los salvoconductos para entrar o salir del país como reglamentan las leyes internacionales. Por ejemplo, los seis miembros del equipo de campaña de María Corina Machado que se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, bajo la tutela de Brasil, han solicitado los salvoconductos desde hace seis meses pero Maduro se los niega pese a los pedidos de su amigo brasileño Lula da Silva.
Y tampoco devuelve la tasa pagada de los 200 dólares cuando anula los pasaportes a los opositores por lo que dificulta el tránsito migratorio de los nacionales.
La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol, criticó duramente las restricciones del pasaporte venezolano. «Pedir un permiso de viaje a venezolanos con pasaporte vencidos para ingresar a su país equivale al despojo de la nacionalidad, es una violación de los derechos constitucionales, aberrante e intolerable».
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