En los más de 20 años que tiene el régimen chavista controlando a Venezuela, el modelo castrense ha sido para ellos un ejemplo a seguir. De manera que el control social a través de los alimentos ha sido una fórmula infalible para comprar votos en épocas electorales y mantener al pueblo chantajeado. La política alimentaria aplicada en Cuba de entregar a sus habitantes una libreta de racionamiento para regular la venta de productos a precios subvencionados, como estrategia para el control social, la escasez de alimentos y la especulación de los precios, comenzó a verse en Venezuela en 2016, cuando el chavismo comenzó a distribuir mensualmente las cajas de comida, conocidas como cajas «CLAP» (Comité Local de Abastecimiento y Producción) con el mismo argumento.
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Las cajas de comida son entregadas directamente en las casas y mensualmente a las personas que están registradas en un sistema que administra el régimen, y reciben cuando mucho arroz, pasta, azúcar, harina de maíz, para las tradicionales arepas, y aceite de girasol. Años anteriores las cajas contenían latas de sardinas, salsas y legumbres, pero hace mucho que los venezolanos dejaron de recibir esos productos. En 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en un informe que el programa CLAP no cumplía con ciertas normas vinculadas con el derecho a una alimentación adecuada.
El programa social del chavismo, que beneficia a más de seis millones de venezolanos, es señalado por Estados Unidos por ser una de las redes de corrupción más grande del país. A través del CLAP, el régimen de Maduro importa productos no perecederos desde países como Turquía, México y Panamá. Uno de los cabecillas de esta red de corrupción es el empresario colombiano Álex Saab, conocido como uno de los testaferros de Maduro, y actualmente bajo prisión en Cabo Verde cuando pesaban sobre él denuncias por realizar operaciones ilícitas. En 2019, el Gobierno de Donald Trump sancionó a varios aliados del régimen, entre ellos Saab y los hijastros de Maduro, por irregularidades en este negocio.
En época de campaña electoral, este sistema de control social también se convierte en una herramienta de propaganda. Los candidatos entregan personalmente las cajas junto con sus promesas de progreso. Mientras que en el terreno político, el chavismo adopta un discurso chantajista al asegurar que de llegar la oposición al poder, todos los sistemas subsidiados quedarían eliminados, por lo que la clase baja, la que ellos más dominan, sufriría las consecuencias. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), publicó su estudio en marzo de este año y determinó que 5% de los pobres extremos, que roza el 80% de la población, no reciben la caja CLAP, mientras que 15% la recibe cada dos meses.
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