La bancada opositora en la AN electa en 2020 es de tan solo 20 diputados, y a lo largo de este 2021 ha aprobado junto a los diputados oficialistas una serie de proyectos de leyes y acuerdos, enfrentándose además a la oposición considerada mayoritaria, con lo que no terminan de desplazar al G4 como el sector predominante de quienes adversan al gobierno chavista.
En septiembre de 2019, la representación del régimen de Nicolás Maduro se retiró de la Mesa de Negociación y Acuerdos que se desarrollaba en Barbados bajo la mediación del Reino de Noruega. Días después montó una instancia de diálogo en Venezuela con dirigentes políticos ajenos al G4 (los cuatro partidos más votados de la oposición) a la que llamó Mesa de Diálogo Nacional, pero que se conoció popularmente como «la mesita», con la cual acordó una ruta para efectuar las elecciones parlamentarias previstas para 2020.
Ese sector ajeno a lo que fue la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró tan solo 20 diputados electos para nuevo Parlamento conformado ahora por 277 escaños, un 20% del total de las curules de la Cámara, quienes a lo largo de este 2021 han buscado diferenciarse del sector principal de la oposición, lo que les ha llevado a atacar las políticas de la ahora llamada Plataforma Unitaria (antes MUD), con argumentos ya utilizados por el propio sector oficial.
En las intervenciones de los diputados de la oposición en la actual AN, se han escuchado las acusaciones de propiciar un bloqueo contra el país, solicitar sanciones, y facilitar el injerencismo por parte de potencias extranjeras, esgrimidos en contra de la parte de la oposición que logró la mayoría en las elecciones de 2015.
Además de esto, los integrantes de este bloque han llegado a votar conjuntamente con la fracción del PSUV algunos proyectos de ley aprobados por la AN dominada por el chavismo, así como diversos acuerdos, lo que les ha hecho ser el blanco de nuevas acusaciones sobre su cercanía al gobierno y su intención de buscar darle una aparente legitimidad a la gestión de Nicolás Maduro.
En su primer período de sesiones, culminado en julio del presente año, la AN madurista aprobó tres leyes, la Derogatoria de la Ley de la Regularización de los Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales; la Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil y la de Reforma Parcial a la Ley Orgánica de Recreación, todas con los votos de la fracción «opositora», además de 40 acuerdos a los que la bancada que se atribuye el rol opositor ha brindado su respaldo.
El más polémico de los acuerdos fue el sancionado el 6 de julio, mediante el cual se anulan los actos legislativos del período parlamentario anterior, es decir, los de la AN electa en 2015, que contó con mayoría por parte de la oposición del G4 y que el gobierno obstaculizó a través tácticas como la suspensión de la proclamación de tres de sus diputados, la declaración de inconstitucional de las leyes que aprobaba y, finalmente, declarándola en desacato.
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