De acuerdo con familiares de presos que estuvieron en la cárcel de Yare I, en los Valles del Tuy estado Miranda, los mismos debían pagar hasta 70 dólares “a autoridades para poder ver” televisión y además “no ser trasladados” a otras cárceles, mientras que a los pranes les pagaban supuestamente 3 dólares semanales “para poder desplazarse” en dicho centro de detención previo a su cierre, reseñó la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
Por medio de un comunicado de prensa, UVL destaca que Mariana (no mencionan apellido) “entró nerviosa. Era la primera vez que pisaba una cárcel. Apenas caminó cinco metros observó a un hombre escondido detrás de una pared con un arma larga. Como él, había al menos otros cuatro en lugares diferentes”.
Lea a continuación el resto del comunicado íntegro de UVL:
“No te asustes, que no te harán nada, solo están cuidando la zona”, le comentó el hermano de Mariana. El joven, de 22 años, estaba preso en la cárcel Yare I. Antes de ser trasladado a este recinto penitenciario, permaneció en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocida como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana (PM).
El hermano de Mariana regresó al país en octubre de 2021, procedente de Colombia. Un mes más tarde cayó preso por robo. A finales de enero de 2022, las autoridades le comunicaron que lo llevarían a sacar su Cédula de Identidad (CI), pero fue un engaño y lo trasladaron a la cárcel Yare I.
“Mi primera visita a ese lugar fue traumática, humillante. Me tuve que desnudar, agacharme y pujar, mientras una funcionaria me revisaba. Fue una experiencia vergonzosa. Después de pasar por esta inspección tan rigurosa, me pregunto: ¿De dónde salen las armas que están en poder de los presos?”, comentó al equipo de UVL.
UVL conversó con Mariana el 5 de febrero, un día antes de que la ministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, anunciara el cierre definitivo del Centro Penitenciario Metropolitano, Yare I, motivado a una alteración de orden interno, registrada el pasado 26 de enero.
“Ellos -en alusión a los presos- lo estaban haciendo mal en el penal. A mi hermano, los pranes -preso que mantiene el liderazgo y control de un penal- le estaban cobrando 3 dólares semanales para dejarlo desplazarse por todo el recinto carcelario. Nunca se los dimos, porque nosotros no teníamos ese dinero. Además, él no estaba en condiciones de exigir, porque nadie lo mandó a meterse en problemas”, contó Mariana.
Cuota única
El hijo de Maigualida también le pidió que consiguiera dinero para gozar de comodidades en la cárcel de Yare I, como, por ejemplo, ver televisión. El pago era 70 dólares. Se cancelaba una sola vez, al ingresar al penal. “Ese monto les garantizaba, además, que no serían trasladados a otras cárceles”, aseguró la mujer, y agregó que ese dinero no era para los pranes, sino, presuntamente, para las autoridades.
Para el momento del cierre del penal de Yare, su hijo tenía dos semanas en ese lugar, procedente de la PNB de Boleíta. Prácticamente estaba recién llegando. “Somos de bajos recursos; tengo que planchar y limpiar casas para comprar los alimentos. Muchas veces dejo de comer para traerle comida a él y eso es solo de vez en cuando”, confesó a UVL el 5 de febrero.
El hijo de Maigualida tiene seis hijos. Todos están bajo su manutención. Es la segunda vez que está preso. Lo acusan de un robo. Ella vive en el estado La Guaira, a 101 kilómetros de la cárcel de Yare I, lo que representa 1 hora 40 minutos, aproximadamente, en un viaje por carretera.
Cuando conversó con UVL desconocía para qué penal sería llevado su descendiente, lo que sí estaba segura es que las dificultades para ella trasladarse serían similares, pues cerca de su lugar de residencia no hay centros penitenciarios. La salud de su muchacho también le preocupa. La primera vez que estuvo preso contrajo tuberculosis. Ella teme que la enfermedad le repita.
Régimen Penitenciario
La cárcel Yare I era la única de las tres que existen en el Complejo Penitenciario Metropolitano que no estaba bajo la modalidad del Régimen Penitenciario, el cual establece que los presos reciban capacitación laboral, participen en actividades de grupo supervisadas, utilicen uniformes y no estén armados. Mariana y Maigualida coincidieron que, a diferencia de sus allegados, muchos internos sí pagaban periódicamente la “causa” por vivir en ciertas zonas y disfrutar de privilegios.
Para la primera semana de febrero de 2022, en este penal había 850 presos, según confirmó la ministra Contreras. De esta población penitenciaria, 70 fueron dejados en libertad y el resto reubicado: 120 en Yare II; 120 en Yare III; 150 en el Internado Judicial Rodeo II y 152 en El Rodeo III. También fueron trasladados 34 privados al Centro de Formación Hombre Nuevo Simón Bolívar y 27 al Centro de Formación Libertador, ubicado en el estado Carabobo.
Contreras aseguró que el desalojo del penal se realizó sin inconvenientes; sin embargo, no dio información sobre las armas que, presuntamente, estaban en poder de los presos. Al respecto solo mencionó, el 6 de febrero, que el equipo del Grupo de Respuesta Inmediata de Seguridad y Custodia (GRIC) y de la Guardia Nacional realizaría una requisa para incautar aquellos objetos de prohibida tenencia que se encuentren en el establecimiento, los cuales, posteriormente, serían entregados a las autoridades correspondientes.
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