La Fundación Progresar, organización social no gubernamental que busca consolidar y el fortalecer la democracia, la paz y el desarrollo humano en Colombia, ha denunciado entre 300 y 350 casos de desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander.
Por Infobae
Distintos grupos armados ilegales que operan en el departamento serían los responsables del aumento de los casos de desapariciones y asesinatos, según datos consignados en el informe ‘Desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander’.
Este documento fue entregado de manos de la Fundación Progresar a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para alertar a las autoridades de la problemática en el departamento.
Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, ha denunciado que en los últimos años el departamento de Norte de Santander registra más de 6.000 casos de desapariciones forzadas.
“Paramilitares, Bacrim, grupos guerrilleros y bandas locales se han encargado no solo de extorsionar y secuestrar, sino de desaparecer ciudadanos. La impunidad es alarmante, el 96% de los casos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades”, dijo Cañizares a Oriente Noticias.
Uno de los casos que recoge el informe es el de un joven de 27 años, dedicado al mototaxismo entre Cúcuta y Ureña. El ciudadano desapareció el 9 de abril de 2010 en el barrio El Escobal de Cúcuta, cuando salió de su casa hacia el puente fronterizo Francisco de Paula Santander, su lugar de trabajo. Desde ese momento su familia perdió todo contacto con él y luego de que su madre comenzó a investigar, se enteró de que su hijo había sido asesinado e inhumado en la trocha ‘La Mona’.
Según lo que le contó a la madre un testigo de los hechos, el asesinato se dio frente a otros compañeros mototaxistas, posiblemente por integrantes de la banda delincuencial ‘La Línea’, como una forma de mantener el control del transporte informal y obligarlos a pagar vacunas. Aunque se sabe que el joven está enterrado en la tercera trocha del barrio El Escobal, no ha sido posible la búsqueda y localización de su cuerpo, ya que la zona se encuentra justo después de la línea de frontera.
Con de la entrega del informe ‘Desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander’ a la UBPD, la Fundación Progresar alertó también a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad de la gravedad de los hechos, pues muchas de las víctimas cruzan la frontera vivos y son asesinados, sepultados en fosas comunes o sus cuerpos enterrados en territorio venezolano. Esto dificulta el acceso de las autoridades colombianas para investigar y buscar los cadáveres porque no hay jurisdicción territorial.
Lamentablemente en Venezuela aún no hay esfuerzos de cooperación para recuperar los cuerpos de las víctimas que son conducidas más allá de los límites fronterizos de Colombia sin su consentimiento. La mayoría de casos quedan en un limbo jurídico y humanitario porque las entidades colombianas no asumen la responsabilidad por la búsqueda al perder la jurisdicción territorial, situación que aprovechan los actores armados.
La desaparición forzada es un delito atroz, pero quienes abandonan los cuerpos en territorio venezolano, los sepultan allá o los arrojan a ese lado del río tienen un propósito doble de que los familiares no tengan ninguna posibilidad de recuperar los cuerpos porque están en otro país, dijo Cañizares.
A través del análisis de las raíces y dinámicas de esta modalidad de crimen, la Fundación Progresar acompaña en la búsqueda y atención psicosocial de las familias de los desaparecidos y le exige a las autoridades departamentales y nacionales celeridad en las investigaciones para dar resultados y respuestas a quienes han perdido a sus seres queridos.
Una de las principales recomendaciones que hace esta organización es la creación de un equipo multidisciplinario asignado exclusivamente para la búsqueda de desaparecidos en la frontera, además de solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que se abran canales de cooperación con Venezuela para permitir la búsqueda de los cuerpos en ese territorio.
Mientras tanto comerciantes de productos de contrabando y trabajadores informales han manifestado su preocupación porque son el principal objetivo de los grupos armados ilegales y estas actividades económicas son su única fuente de sustento diario.
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