Estados Unidos se lava las manos en el asunto de la negociación en Venezuela: esta debe llevarse a cabo entre oposición y chavismo, dice la Administración de Joe Biden. Se aproximan las “megaelecciones” y en las fuerzas democráticas dos sectores operan por separado.
Reinaldo Iturbe –ALnavío
En la oposición venezolana la procesión ya no va por dentro, sino por fuera. Dos grupos de los factores democráticos operan y maniobran por separado, camino de las “megaelecciones” a celebrarse posiblemente en diciembre de este año, unos comicios que en lugar de unificar, profundizan la división, un asunto que desde luego, el gobierno de Nicolás Maduro promueve a todo vapor porque le conviene: divide y vencerás, reza la vieja máxima que el chavismo no deja pasar por debajo de la mesa.
Dentro del universo opositor se mantienen dos grupos representativos. El primero, operado por Leopoldo López, insiste en la tesis de la abstención. No obstante, Juan Guaidó dijo el miércoles en una entrevista concedida a un medio local venezolano que no se opone a conversar con mediadores como Noruega.
“Estamos hablando con todos los que puedan ayudar a solucionar la crisis, a lograr que se haga justicia en Venezuela”, dijo Guaidó.
Pero el diálogo del que habla Guaidó no es al que recientemente hizo referencia la Administración de Joe Biden, que se ha lavado no muy discretamente las manos en cuanto al asunto de las negociaciones, asegurando que sólo el gobierno y la oposición pueden conversar sobre los puntos de la agenda pendientes, que en términos prácticos, abarcan desde la devolución de tarjetas robadas a partidos opositores hasta la escogencia de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que al final del camino, probablemente terminen siendo escogidos por la actual Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez.
Y aunque Biden no está dispuesto tampoco a levantar las sanciones, su Administración cree que ya es tiempo de “revisar” el esquema de sanciones que no ha funcionado, pues durante el mandato de Donald Trump, llovieron las sanciones contra individuos, funcionarios y empresas, provocando un “reacomodo” del gobierno en lugar de su salida del poder.
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