Gleubis Alfonso Sánchez es un productor audiovisual que trabajó con Óscar Pérez en campañas sociales para ayudar a niños con cáncer, en la película Muerte suspendida y en otros cortometrajes. Su delito es ese: conocer a Pérez.
Luego de dos años encarcelado su estado de salud es crítico, pues en el 2018 sufrió un ACV isquémico. Luego aparecieron convulsiones, ya van 18, y cada vez que sufre otra es atendido en algún centro asistencial, mayormente Salud Chacao
El último episodio, que sufrió el 19 de junio, encendió las alarmas y su familia decidió denunciar lo que ocurre. Esa semana, Sánchez cumplió 29 años, señaló el portal web Infobae.
El día que Óscar Pérez sobrevoló el helicóptero sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Sánchez se encontraba en El Calvario grabando escenas de una película. Un videoclip fue difundido en las redes sociales. Pérez, junto a un grupo de funcionarios encapuchados, había desafiado al régimen.
El 7 de julio, diez días después, Sánchez estaba en su oficina de Plaza Venezuela junto a dos compañeros, lo estaban llamando, al abrir las rejas estaba rodeado y lo sorprendió un golpe en la cara que le propinó un funcionario del Cicpc.
Estos le advirtieron que tenían días tras su pista, pues buscaban el material del video que había sido publicado el 27 de junio. Pérez no había sido localizado tras la emisión de una orden de captura luego de que Maduro calificara el sobrevuelo del helicóptero como un «ataque terrorista armado».
Sánchez fue localizado por un compañero, Saúl Torres, su teléfono fue la pieza clave. El imputado previendo la posible visita de los funcionarios debido a su cercanía con Pérez, advirtió a sus compañeros que debían borrar todo el material de trabajo con Óscar Pérez para evitar posibles malos entendidos.
La conversación, que se produjo en un grupo de WhatsApp, conformado por Torres, Sánchez, Vásquez y Urdaneta, llegó a manos de los funcionarios y fue «la prueba» que entregaron a la Fiscalía.
El primer fiscal tras revisar los discos duros aseguró que no había pruebas suficientes para encarcelarlo, pero su caso fue entregado a la jueza, Belkys Arévalo, y a pesar de la falta de pruebas, él y sus compañeros fueron culpados de ocho cargos:
Robo de aeronave y fusiles, violación del espacio aéreo, tráfico de municiones, traición a la patria, cooperación y financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Dos años después, solo quedan dos de ellos, pero de peso: asociación para delinquir y cooperación al terrorismo.
Luego de su detención, en una defensa pública lograron que se descartaran la mayoría de los cargos, sin embargo cambiaron al fiscal del caso y todo continuó igual. La audiencia fue diferida 15 veces y se produjo casi un año después.
Pasaron días rudos de detención, pasaron la mayor parte del tiempo esposados. Así dormían y comían y sólo les permitían ir al baño tres veces al día . Debían debatirse entre tomar agua y abstenerse de ella para evitar ir al baño.
Sánchez lleva ya dos años recluido en la sede del Cicpc de la avenida Urdaneta, en el edificio Icauca, en el piso 1 de la División Antiterrorismo. No es una cárcel, son oficinas, que debieron ser acondicionadas tiempo después para mejorar las condiciones de reclusión. Él y sus compañeros son los únicos detenidos en el edificio.
