El miembro de la dirección nacional del partido opositor La Causa R, Andrés Velásquez, aseguró que tras el informe presentado por la Misión de la ONU en el que se establecen tratos crueles e inhumanos en Venezuela por Nicolás «Maduro no debería seguir ocupando una silla en el Consejo de Derechos Humanos en ONU, y peor aún, que los otros lo acepten».
“Todo el mundo sabe que con Maduro usurpando el poder no hay elección que valga, que elecciones parlamentarias son un fraude, no resuelven la crísis”, expresó Velásquez respecto al a farsa electoral pautada para el 6 de diciembre.
Visto el informe presentado por Misión de Determinación del Consejo Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre torturas, crimenes, tratos crueles e inhumanos en Venezuela, es inmoral que Maduro siga ocupando silla en Comité de DDHH en ONU, y peor aún, que los otros lo acepten
— Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) September 19, 2020
El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.
La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.
La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno.”
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