La comunidad universitaria plantó un frente común para demostrar que la violación de la autonomía «no es un hecho fortuito ni casual» y que los arreglos de infraestructura que se llevan a cabo son necesarios precisamente debido al deterioro que el Poder Ejecutivo generó al negar la entrega del presupuesto ley
Hay una polvareda levantada en la UCV. Los trabajadores que llegaron con la denominada Comisión Presidencial para la recuperación de la Universidad Central de Venezuela no son los únicos que están desenmarañando maleza.
El miércoles 10 de noviembre en la plaza del Rectorado, a pocos metros del repiqueteo de picos y taladros en obras, representantes de las autoridades rectorales, voceros del núcleo de decanos, la Asociación de Profesores (Apucv), la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Apufat), los sindicatos de trabajadores obreros y administrativos (Sinatra, Sutra, Sintra) y la Federación de Centros Universitarios (FCU) expresaron —de manera conjunta y por primera vez en mucho tiempo— lo que ha significado la intervención del Gobierno dentro del recinto de la Ciudad Universitaria, un proceso que inició a la calladita hace más de un año y que tuvo su colofón con el video en el cual un nocturno Nicolás Maduro se sentaba en los pupitres e inspeccionaba salones y pasillos.
Esta declaración que denominaron En defensa de la autonomía de la UCV marca el inicio de una agenda de movilización que los ucevistas consideran «urgente e indispensable» para ponerse el frente de la institución que, en poco más de un mes, cumple 300 años de existencia, un siglo antes que la misma república.
«El mantenimiento mayor de las instalaciones es una obligación del Estado venezolano, una vez que fue inscrita en la Unesco como patrimonio de la humanidad, y el creciente deterioro de la Ciudad Universitaria es la consecuencia natural generada por una irresponsable actuación del Estado al asignarle a nuestra institución un presupuesto que no ha respondido a las necesidades institucionales», señala el documento, que fue leído por Luis Palacios, presidente adjunto de la FCU-UCV.
El comunicado detalla que la «supuesta designación de un protectorado para la UCV no tiene ninguna base legítima, legal ni ética», y que constituye una intención de someter y ejecutar un allanamiento institucional.
«El allanamiento no es solo de infraestructura, ya está ocurriendo en lo administrativo», puntualiza Argelia Castillo, secretaria general de Apufat.
Se refiere a que los pagos de nómina y las providencias estudiantiles no las cancela la UCV sino que se pagan a través del Sistema Patria, lo que se traduce en que el Gobierno se convirtió en el patrono de facto desde marzo de 2021, cuando inició la implementación de los pagos de salario a través de este sistema controlado por el Ejecutivo, y que a pesar de haber despertado indignación y reclamos, ocho meses después sigue su curso.
Por eso, esta vez coinciden en que la respuesta debe ser movilizar a todos cuanto se pueda. «Hacemos un llamado a los jubilados, egresados, a todos los ucevistas a que vengan a repoblar la UCV», añade la dirigente de Apufat.
Repoblar. La idea se repite en la voz de Luis Palacios, quien tiene como reto principal encontrar el modo de movilizar quizá el músculo más debilitado que dirigente alguno de la FCU haya tenido que enfrentar: una población de estudiantes dispersos en sus casas, resolviendo sus propias urgencias y sin coincidir en la fuerza del punto de gravedad común: hacer vida en el campus.
«Tenemos planificadas varias actividades para volver a la universidad y estar al frente de lo que ocurre. Sabemos que es difícil, en este momento podemos contar con una movilización de 70 a 100 estudiantes, pero tenemos que pedir ayuda a transporte para buscarlos en un punto, que lleguen hasta aquí y que podamos manifestarnos», expresa Palacios.
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