La diputada ante la Asamblea Nacional Delsa Solórzano, expresó este miércoles que a las familias de los presos políticos y civiles que se encuentran en los sótanos de la DGCIM no se les permite el acceso por haber un brote de COVID-19.
Solórzano explicó que hay aproximadamente 200 hombres y mujeres en esa sede, de las cuales el 50% son presos políticos civiles y militares que están siendo condenados a muerte por el régimen de Maduro.
«Ante imposibilidad de ingreso de familiares se comisionó a Fiscal 32 Dusay Dueñas. Esta designación ocurre por solicitud de familiares preocupados por no saber nada de los presos políticos que allí se encuentran. La Fiscal informó a las familias que no se le permitió el acceso a DGCIM por haber un brote de COVID», indicó mediante Twitter.
En ese sentido, informó también que en el Sebin la situación es idéntica. «Ya hay un caso confirmado y hospitalizado en HCU de Caracas. Las familias temen por la salud de los presos políticos. Tenemos información de que hay por lo menos 2 de ellos con síntomas», aseguró.
«En este momento en Venezuela se encuentran delegados de la ONU, HRW y Michelle Bachelet ellos deben acompañar a los familiares y abogados e ingresar a DGCIM y SEBIN. Aceptar un no por respuesta es condenar a muerte a los presos políticos», dijo la diputada.
Hizo un llamado urgente a la Cruz Roja y los organismos internacionales en Venezuela. «Tienen la obligación de colaborar en la verificación del estado de salud», sentenció.
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