El 12 de agosto de 2021 será una fecha emblemática en materia de derechos humanos en Venezuela, luego de que la Corte Penal Internacional confirmara que existen evidencias suficientes para investigar al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. La activación de la investigación formal tal como se espera constituirá un antes y un después en la historia del país.
Andrés Cañizales | El Estímulo
El 12 de agosto de 2021 será una fecha emblemática en materia de derechos humanos en Venezuela. Ese día la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que existen evidencias suficientes para investigar al Gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad; y, sin duda lo más importante, que estos crímenes deben ser investigados por este tribunal internacional con sede en La Haya, Holanda, debido a la “inacción” del sistema judicial venezolano.
Por razones sobre las que ella, en algún momento le tocará dar explicaciones, la fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda, entregó un informe el 15 de junio, un día antes de la asunción de su sucesor en el cargo, el británico Karim Khan. La gambiana, antes de que concluyera su mandato, no dio el paso para que se activara el proceso formal contra el régimen de Nicolás Maduro, tal como se estaba esperando.
Al divulgarse este informe de hace dos meses, queda el camino abierto para que el nuevo fiscal debute abriendo un procedimiento formal que involucrara a Maduro en su condición de jefe de Estado, así como seguramente a los ministros Vladimir Padrino (Defensa) y Néstor Reverol (aunque ahora ya no esté al frente del ministerio del Interior) por sus responsabilidades en la represión, tortura, encarcelamiento injustificado, abuso sexual de detenidos, entre otros delitos.
Aunque haya optado por retirarse sin decirlo ella misma, Bensouda en su informe concluye –sin ambages- que existe evidencia suficiente para investigar a los gobernantes de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. La ausencia de respuesta institucional interna, ante estos hechos, le da soporte justamente a la CPI para que actuar. La inacción deja en evidencia que no hay justicia en el país.
«La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad” en Venezuela.
El documento responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Para leer la nota completa, pulsa aquí
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.