“El gobierno no solo los mata al nacer cuando les niega los medicamentos, también los mata civilmente. Que un niño, niña y adolescente no tenga el certificado de nacimiento, eso también debe ser parte de la crisis humanitaria”.
A esa reflexión llegó el abogado Carlos Trapani, coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), durante la presentación del último estudio sobre la vulneración del derecho a la identidad en la población infantil y adolescente de Venezuela.
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Angeyeimar Gil, trabajadora social, profesora de la Universidad Central de Venezuela, exconsejera de Protección de Niños Niñas y Adolescentes del municipio Sucre e investigadora, fue quien desmenuzó el estudio y le dio cuerpo a la reflexión dada por Trapani.
Certificados de nacimiento en el limbo
Unas 143 noticias publicadas en 2018 en los medios El Nacional, Efecto Cocuyo, El Pitazo y Crónica.Uno, fueron la base de la investigación hecha pública este lunes por Cecodap, la cual arrojó que durante siete meses de 2018 —entre abril y octubre— no hubo papel en los centros de salud del Área Metropolitana de Caracas para emitir los certificados de nacimiento.
Gil, basándose en estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), dijo que el año pasado nacieron 45.090 niños, de esos, 32.110 no tuvieron acceso a ese primer documento que garantiza la filiación con su madre.
“El mismo Armando Marín, viceministro de hospitales del Ministerio para la Salud, dijo que no contaban con el papel de seguridad con el que se emiten las actas que componen el certificado. Esa fue una falla no solo en Caracas, sino que se repitió en otros estados”, comentó la investigadora.
Al no tener ese certificado de nacimiento, el pequeño no puede ser presentado y no existe como ciudadano, “debido a la incapacidad del Estado para establecer una seguridad jurídica. Que no tenga documentación limita, por ende, el acceso a los demás servicios económicos y sociales”, denunció, eso sin contar que el niño está inmerso en otro tipo de vulneración como trata de personas, situación de discriminación, tráfico.
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Y no solo está el tema de la escasez de insumos para procesar los certificados de nacimiento, resulta que también la infraestructura presenta deficiencias. El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano rector de los registros civiles, 35 % de ellos son parroquiales y no todas las personas pueden llegar hasta esas unidades.
Gil citó el caso de las poblaciones indígenas. Hay 32 en todo el país diseminadas en ocho estados, y solo cuatro registros, todos ubicados en el estado Bolívar.
Luego de la certificación de nacimiento, los padres deben presentar al niño y sacar la partida de nacimiento. Ese sería el segundo documento que no todos tramitan dentro de los primeros 90 días del nacimiento del bebé, bien por las dificultades para el traslado, porque no hay material o porque no hay personal.
Cuando la presentación ocurre a partir del día 91 empieza el calvario. Es lo que Gil llamó presentación extemporánea. Los padres tienen que dirigirse ante los Consejos de Protección para legalizar al niño, y sucede que no todos usan una planilla unificada para el registro. Cada funcionario pone los datos que precise para el momento, cuando en ese documento se deben colocar datos geográficos y filiatorios y fechas con exactitud.
“En 2014, y ese dato lo hacemos visible por su magnitud, 16 % de las presentaciones se hicieron bajo esta modalidad, y eso significa que el Estado no garantiza este derecho”.
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Según Migración Colombia, en ese país hay registrados 442.462 venezolanos, 118.798 niños, niñas y adolescentes, que para legalizar su situación deben viajar a Caracas.
Sin certificado de nacimiento, y mientras el niño o la niña se levantan, crecen también las dificultades. A los 9 años, cuando tiene que sacarse la cédula de identidad, que es el documento que le da identidad y movilidad en todo el territorio nacional, se intensifican las trabas.
Según estadísticas del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), en 2018 unos 235.362 niños sacaron la cédula por primera vez. “Pero resulta que desde julio de ese año no se estaba emitiendo y es en septiembre cuando la autoridad lo notifica. Crearon entonces el programa Ruta Simón Rodríguez, a través del cual se tramitaron 1112 plásticos”.
Pero lo que sugieren los datos hemerográficos levantados por Cecodap es que 57 % niños, niñas y adolescentes (317.700) en todo el país no han podido sacar ese documento. “Cuando no lo tienen no pueden ingresar a los datos del Ministerio para la Educación”.
Con el pasaporte, en medio de este proceso migratorio, sucede igual. Trapani hizo mención a que la emisión de esta tarjeta se ancló al petro, 7200 bolívares, lo que significa un incremento de 2200 % en su costo. «Eso es muy discriminatorio y, por tanto, recomendamos la modificación de la Ley de Timbres Fiscales de 2014 que impone tasas que vulneran los derechos de esta población y viola el principio de la gratuidad. Además, es excluyente, pues ese pasaporte solo se puede pagar con tarjeta de crédito«.
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Ilustró este panorama con el caso de una adolescente de 13 años que emigró cuando tenía 4. En diciembre de 2017, regresó a Venezuela para visitar a su familia y en marzo de 2018 no había podido salir porque no tenía cédula y no podía renovar el pasaporte. Cecodap elaboró un amparo constitucional que sigue sin respuesta.
Por tanto, Trapani recomendó que para solucionar estas situaciones de vulnerabilidad el Estado debe reconocer que hay una crisis de acceso a la identidad, empezando por la no entrega del certificado de nacimiento, que genera, entre otros problemas, la proliferación de gestores y el auge de cobros elevados, desde 250 hasta 2000 dólares. Luego sugiere hacer una inversión para mejorar el servicio público.
Con información de Crónica Uno
