César Pérez Vivas, candidato a la primaria por el partido político Concertación Ciudadana, señaló que la oposición venezolana no podía permitir que el Consejo Nacional confiscara la elección interna, que está planteada para el 22 de octubre, y afirmó que ese organismo, en el fondo, actúa según los intereses de Nicolás Maduro.
Indicó, en una entrevista con El Nacional, algunos de los antecedentes del chavismo para obstruir la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos, en los derechos políticos y en la elección de sus candidatos. Destacó asimismo la judicialización de los partidos políticos a través del Tribunal Supremo de Justicia.
«Todas estas estrategias tienen como objetivo buscar el retiro de la competencia electoral por parte de los sectores democráticos del país. Es decir, Maduro quiere que nosotros le dejemos la cancha libre, que anunciemos el retiro del proceso», dijo.
Afirmó que hay una distorsión en el cumplimiento la Constitución, que exige al Poder Electoral de garantizar el principio de cooperación con la sociedad. «En Venezuela todos los poderes son controlados por Nicolás Maduro», añadió el exgobernador del estado Táchira, quien recordó que lideró el intento de activar el referendo revocatorio en 2022 y que el mecanismo «fue abortado» por las autoridades electorales de ese entonces.
—¿Cuál es su opinión por la respuesta tardía del CNE para prestar apoyo para la realización de la primaria?
—Si analizamos los antecedentes y el comportamiento del poder frente a la vida política de las organizaciones democráticas venezolanas, en el aspecto de la iniciativa, en este caso de las primarias, tenemos que llegar a la conclusión de que luce sumamente sospechosa esa respuesta tardía que la directiva del Consejo Nacional Electoral ha enviado para ofrecer cooperación técnica al proceso. El artículo 51 de la Constitución de la República de Venezuela establece la obligación de los poderes públicos, de las autoridades del Estado, a responder oportunamente los planteamientos, las peticiones que le formulan los ciudadanos a las organizaciones. Y resulta que estamos ante un caso donde el Poder Electoral violó de manera fragante, total, la Constitución, puesto que no respondió oportunamente y ahora, cuando faltan 30 días para el acto comicial, aparecen ofreciendo una cooperación. Yo, como venezolano, como conocedor del comportamiento del gobierno a lo largo de estos meses, evaluando todo el hostigamiento que han tenido contra las primarias, evaluando inclusive el propio cambio de autoridades de ese Poder Electoral, las iniciativas judiciales presentadas por diversos actores vinculados al gobierno, el hostigamiento sistemático de Diosdado Cabello a través del canal del Estado contra las primarias, las actuaciones concretas contra venezolanos que cooperan con el desarrollo de este proceso, tengo que llegar a la conclusión de que estamos frente un caramelo de cianuro. Es decir, qué bueno que nos van a ayudar, pero uno no sabe si la ayuda es para bien o para mal.
—¿Está de acuerdo con la asistencia?
—Estoy de acuerdo con que se oiga el planteamiento, vamos a ver qué es lo que ofrecen. Si ofrecen cooperar en la medida de las necesidades que tenemos nosotros, es un deber del Estado hacerlo, y si hay cooperación, estoy totalmente abierto a que tengamos cooperación, que la necesitamos. Por ejemplo, necesitamos las escuelas para hacer esas primarias porque eso nos dará mayor accesibilidad para los ciudadanos a los sitios de votación, seguridad para evitar que grupos violentos puedan irrumpir en los escenarios donde se va a llevar el proceso y, de esa manera, garantizar seguridad a los ciudadanos. Ahora, si lo que los señores directivos del Consejo Nacional Electoral buscan es confiscar el proceso, evitar que se dé en la fecha prevista, imponer reglas que no están dentro de nuestras propias reglas como sector de la sociedad democrática, pues, entonces es mejor continuar como estamos y terminar el proceso el 22 de octubre.
—¿Qué no debería permitir la Comisión de Primaria?
—Reglas sobrevenidas.
—¿Como cuáles?
—Primero, excluir a los candidatos que ya están inscritos en el proceso por el tema de las inhabilitaciones; segundo, pretender vulnerar la identidad de los electores, nosotros necesitamos garantizar la privacidad y los tiempos, porque nosotros estamos planificados para el 22 de octubre. Entonces, si la incorporación ahora de esta oferta significa que vamos a tener que movernos en el tiempo mucho más, eso supone un esfuerzo mayor para quienes estamos incorporados en este proceso. En consecuencia, la cooperación es necesaria, pero lo que no podemos aceptar es la confiscación del proceso por parte de este Consejo Nacional Electoral.
—¿Considera prudente extender la fecha de la primaria?
—Quisiéramos cumplir con la fecha prevista para este proceso; quisiéramos que se dé el proceso el 22 de octubre.
—¿Lo conversó con la directiva de la Comisión de Primaria?
—Yo personalmente tuve un diálogo con la comisión, le he expresado mis recomendaciones mis temores, o mis sospechas, de que detrás de esta oferta lo que hay es una maniobra política con el objetivo de afectar la buena marcha del proceso.
—¿No le parece que este escenario ya se estaba planificado? Luego de las declaraciones de la exvicepresidenta de primaria, de algunas opiniones de dirigentes, Vladimir Padrino López hablando con frecuencia del Plan República y de elecciones.
—No me extraña que algún sector pueda tener interés en coincidir en esa política o apoyar ese tipo de iniciativas. Lo que ocurre son los antecedentes, o sea, yo me estoy llevando por la forma en la que el poder ha intervenido a la oposición. Por ejemplo, la judicialización de los partidos desde el poder del Estado, usando el Tribunal Supremo de Justicia.
Se ha creado un ecosistema político totalmente controlado por el régimen, cuando ha nombrado a los directivos de casi todos por partidos políticos. El último fue el Partido Comunista de Venezuela. Nos han quitado a los dirigentes y militantes de las organizaciones políticas el derecho de decidir el destino de cada organización, porque han impuesto autoridades. En segundo lugar, hemos apreciado una distorsión del principio de cooperación con la sociedad democrática que la Constitución le ordena el Poder Electoral.
En tercer lugar, hemos apreciado la negativa del Poder Electoral, que es, en el fondo, Maduro. En Venezuela todos los poderes los controla Maduro. Yo estuve dirigiendo el Movimiento Venezolano por el Revocatorio junto a otros venezolanos, tramitamos el ejercicio de este derecho y fue abortado, creando condiciones contrarias a los principios elementales de la lógica, del derecho y del sentido común. Sin embargo, el Poder Electoral lo que hizo fue abortar y no permitir el ejercicio de este derecho. En todos los antecedentes que tenemos del poder, son de obstrucción al ejercicio de la ciudadanía, al ejercicio del derecho político, a la participación y, en este caso, a elegir a los candidatos tal y como lo ordena el artículo 66 de la Constitución.
—Y si tenían todo eso claro, ¿se puede lograr un proceso justo y participativo?
—En un sistema político como el que tiene Venezuela, eso no es posible. Nosotros estamos concurriendo a un proceso con una situación totalmente desventajosa, no estamos en una sociedad democrática normal, donde hay principios de transparencia, de igualdad, de libertad, de seguridad, para los ciudadanos y para los electores y elegidos. Nosotros somos conscientes de que actuamos en una cancha inclinada totalmente a favor del poder, pero confiamos plenamente en el país, en la nación, que quiere cambio. Todas estas estrategias de hostigamiento, de judicialización de los partidos, de la política, tiene como objetivo buscar el retiro de la competencia electoral por parte de los sectores democráticos del país. Es decir, Nicolás Maduro quiere que nosotros le dejemos la cancha libre, que anunciemos el retiro del proceso. Eso fue lo que él hizo en el 2018 y le resultó. Creo que el país entendió la estrategia de Maduro, que es dividirnos y desmoralizarnos. En consecuencia, la respuesta que tenemos que darle a Maduro, al país y al mundo es que nosotros no estamos dispuestos a cederle el terreno electoral al régimen, que nosotros estamos determinados a estar presentes, con cualquier líder, con cualquier ciudadano que encarne la unidad, vamos a ir a estas elecciones y estoy seguro de que el país, cuando sepa que existe esa alternativa unitaria, va a votar masivamente para sacar del poder a Nicolás Maduro con los votos, en unión de todas sus camarillas.
—Usted menciona que no se debería permitir que el CNE excluya a esos candidatos, pero eso podría ocurrir porque, en la práctica, no podrían postularse como candidatos en 2024.
—Las elecciones primarias se acordaron bajo un reglamento aprobado hace dos años, es decir se acordaron unas reglas del juego en las que, de manera expresa, se aceptó la participación de candidatos o dirigentes con una situación jurídica de inhabilitación, en el entendido de que era posible, en el curso del tiempo, llegar a un acuerdo para restablecer los derechos lesionados de estos ciudadanos. Porque para todos nosotros es muy claro que las inhabilitaciones son contrarias a la Constitución, que estas inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República, violentan el texto directo de la Constitución, que solo prevé la figura de la inhabilitación para quienes hayan cometido un delito y tengan ya una sentencia firme y definitiva o la comisión de un hecho punible, de modo que la inhabilitación política es accesoria, es una pena accesoria, a la pena principal. La figura de la administración no está consagrada en la Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado ya sentencias donde consagra la inconstitucionalidad de estas normas y solicita al Estado venezolano desaplicarlas. Entonces, dada la reacción, por ejemplo, del presidente de Colombia Gustavo Petro, de que Maduro regrese al respeto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, existe la expectativa de que eso puede cambiar y por eso actores políticos se presentan a candidatos, porque sienten que puede librar, con el acompañamiento ciudadano, una lucha por el respeto a sus derechos de elegir y ser elegidos. Pero, finalmente, esta decisión está en manos de los ciudadanos. Los ciudadanos tendrán que escoger y decidir si optan por una alternativa que tiene esa situación de inhabilitación u optan por una opción que no tenga, en este momento, esa situación. Y digo “en este momento” porque, dada la situación de inseguridad jurídica que vivimos en los en Venezuela, pueden venir más inhabilitaciones. Es más, podemos llegar al extremo de Nicaragua y llegar al encarcelamiento de dirigentes.
—¿Qué les hizo pensar que el régimen reconsideraría las inhabilitaciones?
—Que hay un proceso de negociación internacional, que hay un proceso de mediación de países que están buscando reencauzar al país en el sistema interamericano; ahora bien, si se llegan a dar las circunstancias de que los ciudadanos elijan a una persona con inhabilitación, pues, esa persona tiene derecho a defenderse, a ir a las instancias judiciales, a usar las herramientas políticas y diplomáticas que le permitan hacerlo. Todo, por supuesto, en el entendido de que llegará la hora en la que se tomará una decisión. Si esa situación no se resuelve, lo que usted puede tener es la seguridad, y eso es lo que yo he tenido siempre, de que no podemos dejar de participar en las elecciones del año que viene. Nosotros tenemos la obligación de presentar un candidato y si la candidatura elegida no puede inscribirse, habrá que trabajar un acuerdo, con todos los actores incluidos, para elegir a quien representará la candidatura necesaria frente al régimen en las elecciones de 2024, sí finalmente Maduro hace elecciones.
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