Expertos consultados advierten que, aunque es improbable la construcción de una ciudad como usualmente se concibe, el anuncio del régimen busca iniciar el experimento de control social en ruta al Estado comunal y, a la vez, dar amparo a la construcción de grandes casas, lo que ya ha ocurrido en los últimos años en el protector ambiental por excelencia de la capital de la república.
El pasado 20 de octubre, el dictador venezolano Nicolás Maduro anunció que constituiría la primera ciudad comunal en el actualmente llamado parque Waraira Repano o el cerro el Ávila, como se le conocía desde antes de ser declarado parque nacional en 1958.
Situado al norte de Caracas, el Ávila está a la mitad del tramo central de la cordillera de la costa, segmento que ocupa territorio del estado La Guaira (antes Vargas) y se extiende hacia el este hasta el estado Miranda. Separa el litoral central del valle de la capital. Desde sus alturas se puede observar hacia un lado y en toda su magnitud a Caracas y hacia el otro el mar Caribe. La formación montañosa, con densas zonas boscosas, es el principal pulmón vegetal de Caracas, reservorio de biodiversidad y escudo ambiental de la capital de la república.
De acuerdo al proyecto de Ley de Ciudades Comunales que discute la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), una ciudad comunal es la articulación de comunas (algunas de las cuales funcionan ya en la zona de Galipán, donde Maduro hizo el anuncio), y aunque él utilizó el verbo «constituir», diversas ONG de derechos humanos y activistas ambientalistas salieron al paso en protesta porque prevén que el parque nacional se verá seriamente afectado por el favorecimiento a los asentamientos urbanos en la zona.
Y es que el hecho de que se hable de una «ciudad» implica el asentamiento de población. La RAE define el término como “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”, lo que contradice la condición de parque nacional que posee el lugar desde hace 63 años.
Ahora, detrás de esa articulación de comunas hay todo un entramado político que apunta a la consolidación de un Estado distinto al establecido por la Constitución y es en este aspecto donde puede reposar el deseo del chavismo de ejercer control sobre el cerro que ha inspirado a poetas, músicos y escultores de distintas épocas, pues desde hace años se ha denunciado la llegada a la zona de personas supuestamente vinculadas al gobierno que construyen o remodelan grandes casas para disfrutar del clima y los paisajes.
El proyecto de Ley de Ciudades Comunales indica que la ciudad comunal «es una instancia constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de comunas en un ámbito territorial determinado a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas con intereses y valores comunes, donde se ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación».
En este sentido, es de destacar que las ciudades comunales tienen independencia de los límites geográficos de las ciudades correspondientes a la división político-territorial del país establecida en la Constitución, y también que, al tener que estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación obedecen a un modelo político establecido desde el poder central y, por lo tanto, contrario también al Estado Federal Descentralizado que ordena el artículo 1 de la carta magna vigente.
Es por ello que el sistema de consejos comunales, comunas y ciudades comunales apunta a una estructura del Estado distinta a la del ordenamiento jurídico vigente. De hecho, la creación de las ciudades comunales implica la conformación de un parlamento comunal en cada una de ellas, todo esto enmarcado en ese Estado Comunal que el chavismo pretende instaurar en el país.
Como ha explicado la historiadora Margarita López Maya (Socialismo y comunas en Venezuela) la comuna «es una innovación participativa que se crea para fortalecer de manera expresa lo que el gobierno llama el poder popular, un concepto pensado desde una idea de socialismo cercana al a cubana».
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