Organizaciones internacionales pidieron a la Corte Penal Internacional de La Haya que inicie una investigación para determinar responsabilidades sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela cometidas por la dictadura chavista.
Por Primer Informe
En una petición organizada por la Alianza Noruego-Venezolana para la Justicia, se pide expresamente «a la Corte [Penal Internacional] que declare la finalización de la fase de examen preliminar sin más demoras y tome los pasos necesarios para abrir una investigación de las numerosas demandas introducidas en la Corte por crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen venezolano en contra de nuestro pueblo».
La petición fue dirigida a la presidencia de la CPI, integrada por los jueces Chile Eboe-Osuji (presidente), Robert Fremr, y Juez Marc Perrin de Brichambaut. También fue enviada una copia a la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, y al vicefiscal, James Stewart.
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Las consecuencias originadas por las investigaciones ordenadas por el Consejo de DDHH de la ONU comienza a generar consecuencias indeseadas para la dictadura venezolana.
El documento, toma en consideración los hallazgos hechos por la Misión Independiente de Determinación de Hechos que bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, investigó crímenes de lesa humanidad cometidos en la nación suramericana en el período 2014-2019.
El informe elaborado por la Misión de Determinación de Hechos, es citado la misiva para fundamentar que la participación de funcionarios venezolanos en la violación de Derechos Humanos fundamentales no se trata de hechos aislados.
«…estos crímenes fueron cometidos y coordinados en cumplimiento con políticas de Estado con el conocimiento o el apoyo directo de oficiales comandantes o funcionarios del alto gobierno», se lee en la petición.
La petición hace un poco de historia y recuerda que las víctimas de críemenes de lesa humanidad, tipificados en el Estatuto de Roma, han intentado conseguir justicia en el sistema internacional desde los primeros años del siglo XXI.
También señala que en 2006, el fiscal principal de la Corte, Moreno Ocampo, negó conducir una investigación preliminar en Venezuela porque consideró que entonces no había suficientes elementos para plantear que existía un apolítica de sistemática y extendida violación de los Derechos Humanos de la población.
«A nuestro juicio, retrasar aún más la apertura de la fase de investigación, dada la gran cantidad de documentación e información de que dispone la Corte, constituiría una abominable denegación de la justicia», concluye la carta.
Lea la petición completa aquí.
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