“Madre por elección, no por castigo”, reza un cartel mal pegado en una calle de Caracas, con letras descoloridas por la lluvia.
Esta petición no ha encontrado cabida en Venezuela, un país conservador donde el aborto es ilegal y aún está lejos de surfear la “marea verde” de los movimientos proaborto que baña a parte de América Latina.
Un caso reciente: el de una maestra y activista, detenida en Mérida (oeste) por asistir en el aborto de una adolescente de 13 años, que quedó embarazada tras ser violada y cuyo agresor está libre.
Vannesa Rosales, la docente, fue acusada de aborto asistido por tercero y asociación para delinquir, y “puede llegar a ser sentenciada hasta a 12 años de prisión”, explicó a la AFP su defensora, Venus Faddoul.
Unas 200 organizaciones, incluso fuera del país, pidieron en un comunicado un “proceso justo” para Rosales, de 31 años.
Pasó tres meses recluida en un calabozo policial y se le impuso el arresto domiciliario en enero.
La madre de la menor también estuvo detenida y al mes salió bajo una medida cautelar humanitaria.
“El culpable es el Estado, que no se ha puesto acorde con los derechos humanos de la mujer”, declaró Faddoul.
– En fila –
En América Latina, el aborto es legal en Cuba, Uruguay, Guyana y ahora en Argentina, tras la aprobación, a finales de 2020, de una ley que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14.
Venezuela, un país fervorosamente católico y conservador, está en fila detrás “de buena parte del mundo y también de la región”, explicó Magdymar León, coordinadora de Avesa, una ONG dedicada a defender los derechos de las mujeres, sexuales y reproductivos.
El Código Penal venezolano, de 1926 y reformado por última vez en 2005, sanciona el “aborto provocado” con sentencias de hasta seis años.
Las penas se reducen cuando el aborto implica salvar el “honor” de la mujer o su familia, y no habrá penas si es provocado para “salvar la vida de la parturienta”.
No obstante, “se siguen practicando abortos inseguros”, con hierbas, objetos punzantes y sustancias, aunque ahora “hay una tendencia” a usar fármacos, un método más seguro, apuntó León.
Con todo, es difícil tener una visión general de cuántos abortos clandestinos se practican en Venezuela y bajo qué métodos.
La situación económica del país, con siete años de recesión y una brecha cada vez más grande en las clases sociales, también influye en la posibilidad de interrumpir un embarazo y en el método utilizado.
Hay especialistas que lo hacen en sus consultas privadas o a domicilio, explicó a la AFP un médico de una maternidad pública en Caracas, que pidió anonimato.
“He escuchado que van y lo hacen, y eso está alrededor de 400, 500 dólares”, señaló. “Es común que lleguen mujeres (…) preguntando para practicarse un aborto” con hasta 14 semanas.
El obstetra, que recibe un sueldo mísero en el hospital, recordó cómo una mujer que “tenía como siete semanas” de embarazo le “ofreció plata para practicar un aborto”. Se negó porque es ilegal.
– Batalla legal –
Activistas como María Laura Cano, del colectivo En Tinta Violeta, tomaron el testigo de la despenalización del aborto, una causa que ya suma cuatro décadas de intentos infructuosos en el país.
Participó durante 2018 en entregas de proyectos de ley ante la oficialista Asamblea Constituyente, que rigió con poderes absolutos hasta 2020, y pidió a la Corte Suprema, también de línea oficialista, que relajara la penalización del aborto.
Las propuestas “fueron colocadas bajo la mesa, siempre bajo la excusa de que el aborto (…) no es un asunto político del momento actual”, denunció a la AFP esta activista de 25 años.
Ahora con un nuevo Parlamento, controlado de nuevo por el chavismo gobernante, que se hace llamar también “feminista”, se espera que el aborto entre en la agenda legislativa.
“La interrupción voluntaria del embarazo debe ser uno de los temas a discutir”, aseguró a la AFP la diputada Asia Villegas, presidenta de la comisión legislativa de Familia y exministra de la Mujer.
Para Cano, el tema merece sinceridad: “hay que quitarse un poco esa doble moral en cuanto al aborto y asumir que es un asunto de salud pública”.
AFP
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