La balanza está inclinada a favor de Colombia cuando se habla de las ganancias del comercio binacional que puede generar este año la normalización del paso de carga pesada por la frontera
Aunque los industriales venezolanos son optimistas y buscan que sus empresas sean competitivas, después de haberse contraído el sector privado un 80% desde 2013 a 2020, la realidad es que el vecino país, que representa la sexta economía de América Latina, con un PIB de 314 mil millones de dólares, versus un PIB de Venezuela de 59 mil millones de dólares. Tiene la capacidad de exportar el 90% de la mercancía que está establecida en el Acuerdo de Alcance Parcial Comercial número 28. Documento que rige el intercambio comercial entre ambas naciones, firmado por el fallecido presidente Hugo Chávez y Juan Manuel Santos a finales de 2011.
“Este acuerdo toma en cuenta las estadísticas económicas que tenían ambos países de 2006 a 2010. Favorece a las exportaciones de Colombia hacia Venezuela, es asimétrico. ¿Qué productos puede exportar Venezuela para allá?, derivados del petróleo, acero, aluminio, hierro. ¿Y de allá para acá?, casi todos los productos podrían entrar. Por ejemplo, Colombia puede enviar quesos y derivados lácteos y nosotros no lo podemos enviar allá. Lo mismo ocurre con los embutidos. Se necesita revisar ese acuerdo y balancearlo“, exclamó Luigi Pisella, presidente de Conindustria.
El paso vehicular por el Puente Internacional Simón Bolívar, en San Antonio del Táchira, permaneció cerrado siete años, pero el comercio entre Colombia y Venezuela no se detuvo, sólo se informalizó. Hasta este 26 de septiembre cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales, tan sólo generaba ganancias por 400 millones de dólares al año, cuando en el 2008 produjo 7.000 mil millones de dólares según cifras conservadoras.
“¿Qué ganamos con la apertura de la frontera?, formalidad, si la frontera se normaliza no nos van a entrar los refrescos colombianos, ni los chocolate, ni los productos alimenticios, ni farmacéuticos que no deberían entrar porque se producen en Venezuela, o porque no tienen permisología”, explicó Pisella.
El sector privado considera necesario que este acuerdo se actualice para que ambas economías vuelvan a ser complementarias. “Antes de 2015 Venezuela exportaba electricidad a Cúcuta y quedaron las instalaciones de esas empresas. Hoy por hoy nosotros necesitamos esa electricidad, pero esa realidad se puede revertir. Colombia tiene un problema de gas, nosotros quemamos en Zulia y Anzoátegui la mitad del gas que se produce. Ese gas podemos enviárselo a Colombia porque ya está construido un gasoducto”, expresó.
Informó que hay conversaciones para que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) financie parte de la integración comercial y destine recursos a infraestructura y al sector eléctrico. El 13 de octubre, el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), para que ambas naciones se articulen en campañas, estrategias, programas, ruedas de negocio, ferias y eventos para beneficiar las exportaciones.
“Tenemos que manejar con prudencia las expectativas de la apertura de frontera y la generación de relaciones entre los dos países. El esfuerzo tanto de los empresarios colombianos como de los venezolanos es tratar de que no haya perdedores, sino ganadores”, manifestó.
Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), dijo que Venezuela podría producir unos 500 productos que en este momento está importando Colombia de terceros países, si la industria venezolana consigue financiamiento para poner en marcha el 70% de su capacidad instalada que en este momento está ociosa.
“Se puede activar la industria manufacturera privada del aluminio, hierro, de la petroquímica, de la que depende la industria del plástico. También la agroindustria que en este momento tiene una capacidad instalada del 60%, del sector farmacéutico e incluso podemos activar la industria de autopartes”, comunicó.
Considera que para que eso ocurra, se deben facilitar las exportaciones, reducir los tiempos y costos operativos para exportar, revisar todas las regulaciones y regímenes legales para exportar, y el Estado tiene que buscar la manera que se estabilicen los servicios públicos para beneficiar el comercio internacional.
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