El Consejo Nacional de Defensa Judicial emitió este jueves un comunicado en el cual condenó la violación de derechos humanos y los atropellos a las garantías constitucionales de sus miembros, por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Mediante un comunicado aseguró que el Consejo de Seguridad está en el ejercicio natural de sus funciones por las facultades que le dio el nombramiento de la Asamblea Nacional.
A continuación comunicado íntegro:
El Consejo Nacional de Defensa Judicial, órgano con competencia para recomendar estrategias de defensa judicial de la República Bolivariana de Venezuela y sus entes descentralizados, creado por la Asamblea Nacional de la República, en funciones de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero, dictada por la Asamblea Nacional el 9 de julio de 2020, promulgada por el Presidente Interino en la misma fecha y publicada en la Gaceta Legislativa No. 26 de fecha 10 de julio de 2020.
CONSIDERANDO
La naturaleza legítima del nombramiento de los miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial por parte de la Asamblea Nacional en el marco de sus competencias constitucionales, para fiscalizar y crear instancias de contraloría, a fin de ejercer acciones con fundamento en la Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano, dictada por la misma Asamblea Nacional, Poder Originario.
CONSIDERANDO
Que posterior a la instalación del Consejo Nacional de Defensa Judicial el pasado 12 de octubre de 2020, conformado por los ciudadanos Arghemar Pérez Sanguinetti, Jonathan López Montiel, Gabriel Gallo Garrido, Freddy Orlando, Romer Rubio y David Natera como Secretario ejecutivo, todos de reconocida trayectoria moral y profesional, sin antecedentes penales previos y en cumplimiento de los requisitos de ley, el régimen de Nicolas Maduro encomendó a la Juez de Control Carol Padilla; y por parte del Ministerio Publico a Elin Teodoro León Aguilar, Fiscal 74 con Competencia Nacional en materia de legitimación de capitales y delitos financieros para ejecutar órdenes de allanamiento, persecución y hostigamiento a propios y familiares así como la incautación de bienes a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) bajo la dirección del ciudadano Gustavo Enrique González López.
Que los Domicilios de los referidos miembros fueron allanados, saqueados e incautados, familiares directos hostigados y detenidos arbitrariamente, sin acceso a representación judicial alguna y que en los días subsiguientes continúan el hostigamiento contra familiares directos y relacionados.
Que claramente, estas acciones responden a un acto de retaliación política, contra los miembros del designado organismo de forma constitucional para ejercer funciones de asesoría y control, vulnerando los derechos humanos y constitucionales de sus miembros y familiares, acciones que no responden a la vinculación con delincuencia organizada por parte de sus miembros como pretende hacer ver el régimen para justificar sus acciones.
Que el estado de derecho y de justicia en el país es inexistente y que ante cualquier petición a las instituciones hoy usurpadas impera el silencio administrativo en detrimento de las víctimas dejándolos en total estado de indefensión.
ESTE CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL
Condena, las flagrantes violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales de sus miembros y secretario ejecutivo, representados en la integridad personal -psíquica y moral-, a la honra y a la dignidad, a la defensa y al debido proceso, a la propiedad privada y a los derechos, civiles, económicos y políticos. Este amedrentamiento y atropellos de los cuales los miembros de este Consejo y su Secretario Ejecutivo han sido objeto por parte del Gobierno de facto de Nicolás Maduro, dejan en evidencia el acoso a las instituciones legalmente constituidas, y en evidencia la manipulación del sistema de justicia y organismos de inteligencia del Estado Venezolano al servicio político de los intereses de un régimen de facto, plena y formalmente reconocido como violador de derechos humanos, incluyendo delitos de lesa humanidad como confirma el reciente informe de la ONU.
Responsabiliza, al régimen de facto de Nicolás Maduro por los daños a la integridad física, psicológica , moral y patrimonial de los miembros de este Consejo Nacional de Defensa Judicial, su Secretario Ejecutivo y familiares cercanos, amigos y vecinos, algunos quienes han sido objeto de detención arbitraria, sin posibilidad de asistencia; así como de la integridad de los bienes muebles e inmuebles inconstitucionalmente allanados, confiscados y hurtados durante acciones arbitrarias desde el pasado 12 de Octubre de 2020.
Aboga, por la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales de sus miembros, Secretario Ejecutivo y familiares, amparados por la de la República Bolivariana de Venezuela y preceptos establecidos en los artículos 19 y siguientes, en concordancia con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en los derechos previstos en su artículo 5 y siguientes respecto a la protección del derecho a la integridad personal, protección de la honra y de la dignidad, derecho a la propiedad privada y derechos políticos y demás tratados y acuerdos internacionales tales como el Pacto de San José de Costa Rica.
Alerta, a la comunidad internacional, gobiernos, parlamentos, e instituciones dedicadas a la observancia y defensa de los derechos humanos a conocer y sustanciar los expedientes sobre las violaciones a derechos humanos que continúan ocurriendo en Venezuela hasta conseguir justicia. Venezuela cuenta con un sistema penal acusatorio, en el que se crearon juzgados de control para proteger a los ciudadanos de la embestida del Ministerio Público, y a pesar de que en nuestra legislación existe la presunción de inocencia y respeto al debido proceso, en la práctica tales principios son vulnerados sistemáticamente como resultado de la perdida de la institucionalidad, probidad de funcionarios y separación de poderes públicos. Por ende todos los organismos usurpados actúan en conjunto contra los ciudadanos y sus familiares por instrucciones políticas sin límite ni control, dejando en estado de total indefensión a la ciudadanía, en flagrante violación a los derechos humanos, pactos, tratados, convenciones, y a las leyes de la República.
Insta, al pronunciamiento de forma urgente por parte de los organizaciones responsables de la observancia, vigilancia y protección de los derechos humanos, así como gobiernos y parlamentos del mundo a pronunciarse en contra de los hechos que ocurren de forma arbitraria, pública y comunicacional en contra de los derechos humanos, para accionar los mecanismos necesarios que impidan la continuidad de la violación de los mismos en cabeza de los miembros de este Consejo, Secretario Ejecutivo, familiares y relacionados, así como del resto de los Venezolanos que son víctimas del sistema represivo implementado por el régimen.
Reafirma, su corresponsabilidad y máximo compromiso con el pueblo venezolano, con la Asamblea Nacional legítimamente electa por el poder ciudadano a través del voto universal directo y secreto en ejercicio pleno de la soberanía popular, con el ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional y Presidente Interino Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con los países y organizaciones aliadas en todo el mundo, de coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional en Venezuela así como en el logro de las reivindicaciones de rigor que merece nuestra Nación.
Ante esto, el reto primario es unir el talento y recursos disponibles para operar, con disciplina constitucional, y consumar cuanto antes, el restablecimiento del estado de derecho y de justicia y el orden Constitucional para dar paso a la reinstitucionalización del país, iniciando con elecciones libres y transparentes, que conduzcan al establecimiento de un gobierno democrático de paz y de justicia, tal y como nos demandan a todos los venezolanos nuestra Carta Magna y el ejemplo universal de nuestro libertador Simón Bolívar.
A los 15 días del mes de Octubre de 2020.
MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL.
ABG. GABRIEL ALEJANDRO GALLO
ABG. FREDDY ORLANDO
ABG. ARGHEMAR PEREZ SANGUINETI
ABG. JONATHAN LOPEZ MONTIEL
ABG. ROMER RUBIO FLORES
ABG. DAVID NATERA BILANCIERI
SECRETARIO EJECUTIVO.
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