En comunidades de la parroquia Ana Soto del municipio Iribarren del estado Lara, donde reina el desempleo y sus habitantes se encuentran en la extrema pobreza, el miedo de no recibir una bolsa de alimentos CLAP, una bombona de 10 kilos de gas o los bonos vía carnet de la Patria, impiden que su habitantes alcen su voz de protesta contra las malas políticas del régimen venezolano.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Analistas y defensores de derechos humanos, sostienen que cada vez que se acerca una elección la extorsión, el chantaje y las amenazas son la línea aplicada por la maquinaria del PSUV en las comunidades de Barquisimeto, estado Lara. La estructura de la dictadura, está conformada por jefes de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), jefes de calles, líder de comunidades, consejos comunales, comunas, Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), manzaneras e incluso grupos civiles armados denominados colectivos.
María, nombre ficticio que dio una líder de la comunidad del sector Prados de Occidente al oeste, por temor a represalias, indicó que en la zona la bolsa del CLAP no falla. Les llega cada mes y a un precio de un millón 700 mil bolívares. «Trae 12 productos en total, cuatro harinas, cuatro pastas, dos sardinas, 200 gramos de leche en polvo y un kilo de frijol chino. El problema que tenemos es con el gas, que lo envían cada cinco meses, y el agua una vez a la semana y con poca fuerza», relató la mujer inscrita en el partido revolucionario.
«Antes cuando se acercaban las elecciones, el Gobierno entregaba más beneficios, la bolsa estaba más resuelta porque traía más beneficios», apuntó quien dice que estira la cantidad de alimentos CLAP que recibe para que le dure 10 días, y así poder comer ella, su esposo y su hija. Asegura que problemas primordiales que tiene la comunidad no han sido atendidos por ningún Gobierno desde hace 30 años, como el asfaltado de las calles. Quienes habitan en esta barriada deben transitar por caminos de tierra, que se convierten en un lodazal cuando llueve.
«Los más afectados por el control que aplica la maquinaria chavista son las comunidades de los estratos sociales C, D y E, donde hay familias que no tienen el poder adquisitivo para pagar los servicios que no garantiza el Estado, como pagar por un camión cisterna para que llenen un tanque de agua, o comprar a sobreprecio una bombona de gas para no cocinar a leña, o simplemente se quedaron sin empleo en plena pandemia y no tienen cómo alimentarse», expresó Marisol Bustamante, politóloga y coordinadora de la ONG Transparencia Ciudadana.
Alega que el régimen de maduro recurre a mecanismos extremos de amenaza en las comunidades, porque las ayudas sociales que ha otorgado a lo largo de 22 años ahora ya no satisfacen las necesidades de los ciudadanos. «Los programas de subsidio se han ido a menos, las sanciones internacionales de Estados Unidos han tenido su efecto porque representan una tremenda carga social en el presupuesto nacional», comentó. Sostiene que esa realidad financiera que ahora enfrenta el Ejecutivo Nacional, con una industria petrolera en decadencia, ha hecho que para un venezolano un bono de ocho millones de bolívares ($2,1), sea insignificante.
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