La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó este viernes que realizará a partir de la próxima semana en su sede en Costa Rica un periodo de sesiones en el que efectuará audiencias por casos contra Argentina, Bolivia y Venezuela.
El martes 10 de marzo el tribunal internacional verá el caso Acosta Martínez y otros contra Argentina, que se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior muerte el 5 de abril de 1996 de José Delfín Acosta, un afrodescendiente de nacionalidad uruguaya.
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La demanda indica que su detención habría sido ilegal, arbitraria y discriminatoria, y sostiene que las autoridades estatales no le prestaron el auxilio inmediato a la presunta víctima, ni actuaron de manera de salvaguardar su integridad física y su vida.
El segundo caso que será escuchado por los jueces será Fernández Prieto y otros contra Argentina, cuya audiencia será el día miércoles 11 de marzo, sobre las presuntas detenciones ilegales y arbitrarias de Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro en mayo de 1992 y enero de 1998, respectivamente, por parte de agentes de la Policía de Buenos Aires.
Ambas detenciones se habrían realizado sin una orden judicial y sin estado de flagrancia. En ninguno de estos casos se habría establecido de manera detallada, en la documentación policial respectiva, cuáles fueron los elementos objetivos que dieron lugar a un grado de sospecha razonable en la comisión de un delito.
En el caso Fernández Prieto existiría una falta de explicación absoluta, mientras que en el de Tumbeiro la explicación habría estado relacionada con un supuesto “estado de nerviosismo” e “inconsistencia” entre la vestimenta y los objetos que llevaba consigo con la zona en la cual se encontraba, argumentos que no son suficientes para justificar la sospecha de la comisión de un delito, según la demanda.
El día lunes 16 de marzo la CorteIDH hará la audiencia del caso Olivares Muñoz y otros contra Venezuela por la presunta ejecución extrajudicial de Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Rinaldi Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma.
Ellos habrían sido privados de libertad en la Cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar y sus ejecuciones habrían sido llevadas a cabo por miembros de la Guardia Nacional el 10 de noviembre de 2003, ocasión en la que también habrían resultado heridas otras 27 personas privadas de libertad.
La demanda argumenta que el uso de fuerza habría sido ilegítimo y que el Estado no habría brindado una explicación satisfactoria sobre las muertes y lesiones ocurridas.
La última audiencia será el día miércoles 18 de marzo y se trata del caso Flores Bedregal y otros contra Bolivia por la presunta desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, y la alegada impunidad en la que se encontrarían estos hechos.
La desaparición de Flores habría tenido inicio de ejecución en el marco del golpe de Estado de julio de 1980 por fuerzas militares. La demanda explica que si bien se adelantaron procesos que culminaron con sentencias condenatorias, hasta la fecha no habría existido un esclarecimiento completo, incluido el paradero de los restos mortales.
La CorteIDH también realizará una audiencia de solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado de Colombia sobre el alcance de obligaciones internacionales en materia de protección de derechos humanos de un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos que ha denunciado a la Convención Americana.
EFE
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