En Venezuela las opciones para estudiar en una universidad pública son limitadas y están sometidas a múltiples factores que ralentizan el tiempo académico, por lo que las instituciones privadas son un servicio al que muchos estudiantes deben recurrir. Sin embargo, actualmente los costos de las matrículas pueden superar el millón de bolívares.
El costo aproximado mensual de la matrícula en la Universidad Católica Andrés Bello es de 1.135.000 bolívares. En la Universidad Metropolitana fácilmente supera los 2 millones de bolívares. En la Universidad Monteávila es de 1.650.000 bolívares y en la Universidad Santa María se ubica entre 135.000 y 335.000 bolívares, dependiendo de la carrera que se pretenda seguir.
Los precios proyectados para el mes de septiembre resultan un desembolso importante dentro del presupuesto de las familias que desean que sus miembros tengan acceso a la educación superior.
Gustavo García, vicerrector administrativo de la UCAB, dijo a El Nacional que 75% de los ingresos se destina al pago de profesores y demás trabajadores, y 25% restante es utilizado para el pago de servicios: Internet, limpieza, mantenimiento de los equipos tecnológicos, seguridad e insumos, entre otros.
Esta es la misma proporción que se mantiene en los gastos de las demás casa de estudios. García resaltó que en la universidad se pretende mantener el nivel académico acumulado con el tiempo y que las instituciones no escapan de la crisis económica que vive el país.
“Tratamos, en la medida de lo posible, de ofrecer a nuestros docentes una remuneración que les permita vivir. No se puede decir que pagamos ‘bien’ a los profesores, porque en esta economía nadie lo hace, pero intentamos garantizar un salario con el que puedan defenderse”, informó.
Señaló que la adquisición de equipos y materiales para reposición o actualización es algo de lo que han tenido que prescindir. “La mayoría de estos aparatos electrónicos no se consiguen en el mercado nacional por lo que hay que pagarlos en divisas, que no tenemos”, aseveró.
Afirmó que una de las medidas implementadas por el régimen de Nicolás Maduro que más les afectó administrativamente fue la reforma del encaje legal al 100%.
“Muchas personas no comprenden cómo la universidad siguen aumentando el precio cuando la hiperinflación se ha desacelerado. Resulta que antes teníamos un apalancamiento financiero de hasta 50%, ese déficit tuvo que ser trasladado al precio de la matrícula”, expuso.
María Elena Cedeño, vicerrectora administrativa de la Unimet, dijo que la universidad pasó de realizar su proyección de presupuestos anual, a una trimestral, y en la actualidad los hace mensualmente.
“El pago de nuestros profesores es una prioridad, debemos proveerles un salario que sea competitivo para que puedan quedarse en la universidad. Sabemos que si descuidamos esto comenzaríamos a tener una alta rotación y eso comprometería la calidad de nuestra casa de estudios”, expresó.
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Alegó que la cantidad de estudiantes inscritos ha disminuido en los últimos años pero no por incapacidad de pago, sino por la diáspora.
“Actualmente tenemos 4.000 estudiantes de pregrado y 700 de posgrado. Llegamos a tener más de 2.000 alumnos de posgrado porque las empresas les financiaban los estudios, pero la crisis y la cantidad de empresas que han cerrado o se han ido, hizo que los números se redujeran a menos de la mitad”, refirió.
La revisión de estructuras de costos es mensual
Carolina Arcay, vicerrectora administrativa de la UMA, dijo que al ser una universidad sin fines de lucro, todos los meses se revisan las estructuras de costos, y con base en eso, y la distribución porcentual de ingresos, se fija lo que debe entrar por docencia de pregrado y de posgrado, “y luego, según la cantidad de estudiantes de cada área, se fija la matrícula”.
“Hay 2 variables que nos afectan: la inflación de insumos en bolívares y en dólares, ya que cerca del 10% de otros egresos son presupuestados en dólares. El otro aspecto son las nóminas, pues tienen ajustes de salarios mensuales; las mismas representan casi 70% de los egresos, y todos los meses se ajustan los salarios al menos 30%”, expresó.
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La vicerrectora de la UMA resaltó que conjuntamente con las familias que lo soliciten, exploran mecanismos alternos para el pago de la matrícula “que permita apoyarles y proteger los ingresos con algunos meses de anticipación”.
Arcay destacó que la Monteávila ofrece programas de becas y ayudas socioeconómicas para los estudiantes que mantengan un récord superior a los 13,5 puntos.
“Hemos bajado un poco el nivel de exigencia para gestionar dicha ayuda. Antes era un promedio de 15 puntos, ahora con más de 13,5 puntos se puede aplicar al programa. Para ello, solo deben llenar unos formularios con información de trabajo de los representantes e ir a una entrevista. La respuesta se da más o menos al mes de haber ingresado la solicitud”, comentó.
Carlos Enrique Peña, vicerrector administrativo de la USM, aseguró que la institución no posee benefactores públicos ni privados, más allá del dueño, Umberto Petricca.
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“Tener una universidad dejó de ser un negocio hace mucho tiempo, y se ha convertido en una obra social. Nosotros ahora dependemos de los aportes del también presidente de la sociedad civil USM, Umberto Petricca”, destacó.
Peña destacó que la pretensión es dar la posibilidad de estudiar a nivel universitario a jóvenes de todos los sectores, por lo que las matrículas en el recinto tienen un costo trimestral de 400.000 bolívares para todas las carreras, exceptuando la colegiatura en Odontología en la que se deben adquirir insumos especiales y tiene un costo de 1 millón de bolívares.
Los vicerrectores coincidieron en que debido a los precios, muchas familias se ven obligadas a prescindir de la educación. Denunciaron la ineficiencia del gobierno central al no garantizar la calidad de la enseñanza pública.
Alentaron a aquellos que no posean los recursos para pagar la universidad a postularse en los programas de ayudas económicas, créditos y becas estudiantiles.
Por Didiana Patricia Archila / El Nacional.
