Al menos cinco planes para contrarrestar el desangramiento del país por el mercado negro del combustible han sido anunciados desde el régimen de Nicolás Maduro a lo largo de 13 años. Expertos recomiendan una política permanente, sin salidas temporales que olvidan el seguimiento de ubicar a todos los culpables cuando se conoce la responsabilidad del resguardo de organismos de seguridad y hasta cierta pertinencia de grupos colectivos, afectos al gobierno. Recalcan que la corrupción en la administración pública, ante las deficiencias en producción y la diferencia abismal de esos precios estipulados entre la gasolina dolarizada y subsidiada, disparan ese detonante de la mafia de hidrocarburos que tiñe las estaciones de servicios.
Guiomar López | La Prensa de Lara
El llamado fue contundente este martes de enero y entre detenciones. Tarek Wiliam Saab, fiscal general de la República, dispuso la línea 0800-FISCA-00 para denunciar irregularidades y Lara figuró entre los estados más afectados de las 205 denuncias en 48 horas por cobro indebido. El resto de las regiones fueron Caracas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, La Guaira, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Pdvsa también actuó directamente durante la noche de ese día, al intervenir la estación Blandín de Chacao, Distrito Capital, por el cobro irregular y negarse a aceptar la cancelación con bolívares.
Medida de un plan «antimafias» que también se sintió en Lara a principio de semana con el anuncio del gobernador, Adolfo Pereira, con las fiscalizaciones en estaciones de servicio y con 14 detenciones en 7 días. Figuró un sujeto que se hacía pasar por funcionario de seguridad para surtir vehículos, 2 isleros por cobrar comisiones y 8 hombres con 1.200 litros de gasolina que sustraían del tubo matriz de la refinería. También se conocen las quejas de los usuarios por la aplicación de la táctica de «40×10». Se trata del cobro de $10 por permitir el acceso directo a estaciones subsidiadas y equipar el tanque de 40 litros de gasolina.
En la línea de tiempo, la retrospectiva reposa en esos anuncios públicos que se conocieron desde 2008 con la intención de reorganizar el mercado de Pdvsa y que cubrió empresas de servicios conexos, sin olvidar la Empresa Nacional del Transporte. La organización Transparencia Venezuela no tardó en reflejar las consecuencias de un manejo irregular que impactó hasta en la disponibilidad de estaciones de servicio, considerando que se contaban con 1.865 en 2008 y para 2020 quedaban 1.568.
En mayo de 2013 se enfatizaba el Plan de Automatización de Combustible, cuando el vicepresidente, Jorge Arreaza, reiteraba las acciones para blindar la frontera por Colombia con la implementación de códigos de barra a los vehículos en Zulia, Táchira y Apure, con la intención de evitar el exceso. Para 2018, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), prometía dar un golpe al contrabando de combustible y para septiembre de ese mismo año, insistían en el sistema electrónico para «cortar manos a las mafias» y manteniendo el subsidio en ese arranque por 315 estaciones de 85 municipios fronterizos.
Despiertan
En esta oportunidad, el plan vuelve a sentirse con fuerza con la insistencia del Ejecutivo nacional, mandatarios regionales, MP desde las 24 fiscalías superiores y la actuación de Pdvsa. De allí, que el llamado de los especialistas empieza por la permanencia de este tipo de políticas al pedir escudriñar en la ubicación de todos los responsables de una larga cadena a «beneficio» u omisión de los responsables del resguardo directo.
Una realidad confirmada a final de 2020, con un balance ofrecido por el máximo titular del MP acerca de la detención de 100 personas por el delito de contrabando de combustible y correspondían 39 funcionarios de seguridad, en su mayoría pertenecientes a la GNB. Mientras este 20 de enero, el fiscal general confirmó la aprehensión de 6 personas, incluyendo a 2 conductores de Pdvsa por intentar desviar 137 mil litros de gasolina entre Apure y Táchira, equivalente a una pérdida para la nación de $80 mil.
«Este problema de la comercialización de gasolina escapa al análisis de los especialistas en hidrocarburos, por estar enraizado en la administración pública con la corrupción», lamenta Rafael Quiroz, economista petrolero acerca de los diversos hechos que merodean este tipo de «negocios». «El Gobierno no le ha prestado absoluto interés al tema. Ojalá esa intención del presidente Maduro sea realidad con la rigurosidad del MP para terminar con este mercado interno», sostiene ante esas medidas que terminan siendo temporales.
Su inquietud empieza porque se debería seguir a fondo para limpiar todas esas secuelas de trabas en la distribución y del aprovechamiento a nivel general, con la deuda de los responsables en la autoría intelectual sin sanciones y los procedimientos sólo puedan limitarse a los involucrados de manera material.
Ese filtro desde la falta de producción es otra constante para este mercado negro, cuando Quiroz señala que se tienen inventarios por auxilio de Irán y las refinerías sin capacidad.
Operativos deben dar con los cabecillas responsables
Para David Morán, ingeniero experto petrolero, este problema de producción quedó reflejado ante la OPEP al revelar que el promedio en producción en diciembre fue de 681 mil barriles, que sería alrededor de menos del 30% de la meta que tenía establecido el Ejecutivo nacional para final de 2021.
Explica que «impera el monopolio de la oferta con ese diferencial abismal de precios y que en bolívares queda por debajo del costo de reposición». Advierte que todo producto con un precio por debajo de su costo, crea un mercado negro. «No hay otra manera y pueden poner a algunos militares que se corrompieron», lamenta en alusión a los procedimientos policiales.
Para leer la nota completa, pulsa aquí
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
