Los familiares y los abogados temen que se engavete la investigación sobre el homicidio de Andrés Eloy Nieve Zacarías y Víctor Manuel Torres Guerra, a quienes mataron el 21 de agosto de 2020 funcionarios de la Fuerza Acciones Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) dentro de las instalaciones de Guacamaya TV, en Cabimas. A casi dos meses del asesinato faltan órdenes de capturas contra todos los implicados y desaparecieron evidencias probatorias del exceso y abuso de autoridad de los oficiales.
“No hay libro de novedades y de servicio de los días 21 y 22 de agosto en el FAES. Lo que impide que se conozca con exactitud cuántos funcionarios de la PNB participaron en el procedimiento, sus nombres, sus rangos y qué otro cuerpo de seguridad arribó al sitio del suceso”, detalló, Simón Arrieta Quintero, abogado defensor de las víctimas.
Una de las pruebas de relevancia destruida, son los videos de seguridad de la empresa CODO, C.A., cercana a la sede de Guacamaya TV: “Unos funcionarios del CICPC se acercaron al día siguiente del doble homicidio y los borraron”, denunció el jurista, quien aseguró que por tal acción se solicitó órdenes de captura para los detectives de la Policía científica que iniciaron la investigación el día del crimen y los que incurrieron en borrar evidencia de relevancia.
Otro que al parecer de los abogados de las víctimas debía ser investigado y removido de su cargo es el Fiscal 45 del Ministerio Público, quien en lugar de prestar apoyo ha sido un obstáculo al momento de recabar y analizar pruebas contundentes en contra de los implicados.
Arrieta reconoce que los primeros días de la investigación hubo un apoyo relevante de Tareck William Saab, Fiscal General de La República, para esclarecer lo ocurrido.
Dos días después del suceso el Tribunal Primero Penal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial de Zulia, extensión Cabimas, decretó privativa de libertad contra José Rafael Contreras Ramos y Néstor Luis Olano Ávila y emitió orden de aprehensión contra José Salas, Nerio Álvarez, Andrés Díaz y José Moreno, todos funcionarios de la FAES; por su participación en el homicidio. A los funcionarios se les imputa homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y violación de domicilio.
Al cuarto día de iniciada la investigación, el Ministerio Público ordenó la detención de Jackbe Galbán, exfiscal; Freddy Deroy y Deivis Guerrero, jefe de Acciones Especiales en la región Occidente de la FAES. Se elevaron a cinco los detenidos. Sin embargo, aún se desconocen detalles importantes sobre lo ocurrido y lo más importante, las evidencias probatorias que aseguran que se haga justicia desaparecieron, detalló el penalista.
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