La activista de derechos humanos Rocío San Miguel, procesada por supuesto terrorismo en una conspiración denunciada por el régimen de Venezuela, lleva 43 días presa sin que el tribunal ni fiscalía le permitan designar oficialmente abogados, lo que impide que en siete días, cuando se vence el lapso para presentar pruebas, pueda rebatir los cargos y así demostrar su inocencia.
“San Miguel está absoluto estado de indefensión”, señaló el abogado Joel García, del equipo que la asiste, quien interpreta que el régimen busca que Rocío San Miguel, al igual que otros procesados por la supuesta conspiración, “lleguen desnudos a un juicio oral y público, sin defensa, para que al Ministerio Público y a un juez le sea más fácil la condena”.
La abogada, considerada una de las más emblemáticas presas políticas del régimen, dispone en el proceso solamente de defensores públicos nombrados por el tribunal, que no impugnaron los cargos en los lapsos legales del proceso penal, lo que propicia que siga privada de libertad.
“La defensa publica, según entendemos, no ha hecho absolutamente nada; no se ha comunicado con ninguno de sus familiares ni tampoco la ha visitado en su centro de reclusión (sede del Sebin en El Helicoide)”, expresó.
Rocío San Miguel, quien es también especialista en temas de seguridad, defensa de la nación y directora de la ONG Control Ciudadano, fue detenida arbitrariamente, junto a su hija, el 9 de febrero en la madrugada, luego de que el fiscal del régimen, Tarek William Saab, vinculó en enero de 2024 a civiles y militares a la supuesta conspiración, la quinta que habrían desvelado, según dijo.
Organizaciones nacionales e internacionales han pedido desde entonces su liberación, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que días más tarde fue cerrada por orden del régimen de Venezuela.
Rocío San Miguel, sin defensa
Desde que fue aprehendida, a San Miguel no se le ha permitido nombrar a sus abogados. El juez segundo de Terrorismo, Carlos Liendo, “no lo ha permitido porque no la ha trasladado para que ratifique la designación”, según García.
Solo una vez, desde que fue detenida hace 43 días, la procesada fue llevada al tribunal. El 12 de febrero, en una tardía audiencia de presentación, estuvo ante el juez y el fiscal que la imputó por delitos de traición a la patria, terrorismo y conspiración entre otros señalamientos en los que no faltó el de “espionaje”.
Desde el 27 de febrero, otros cuatro traslados ordenados por el juez para que ratificara a sus abogados fueron suspendidos por el cuerpo de inteligencia Sebin.
Lo más grave, destacó García, es que el jueves 28 de marzo próximo se vencen los 45 días contados a partir de la audiencia de presentación, como indica la ley procesal, para que los abogados puedan presentar las diligencias de investigación o medios de prueba necesarios para desvirtuar la imputación fiscal. “Lo que se busca es condenar” .
Lea más en Diario de Las Américas
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
