Menos de dos semanas después de la firma de los acuerdos parciales de Barbados que permiten la flexibilización de las sanciones impuestas por EEUU a Venezuela, a cambio de que el gobierno de Nicolás Maduro permita una elección presidencial competitiva en 2024, el pacto pudiese estar comprometido después que el chavismo avanzara en su estrategia de judicializar los efectos de la elección primaria convocada por la oposición el 22 de octubre.
Según el primer punto del acuerdo parcial sobre garantías políticas y electorales firmado entre el régimen venezolano y la Plataforma Unitaria “las partes se reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales, de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.
Sin embargo, el 30 de octubre el Tribunal Supremo de Justicia (controlado por jueces afines a Nicolás Maduro) decidió “suspender” los efectos de la elección primaria en la que participaron 2.3 millones de personas, al tiempo que ratificaba -en la misma sentencia- la inhabilitación política por 15 años de la ganadora de la primaria María Corina Machado.
En paralelo, mientras se emitía la sentencia, los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria eran entrevistados por el Ministerio Público como investigados por los supuestos delitos de usurpación de funciones, fraude electoral, usurpación de identidad y legitimación de capitales en la organización de la primaria.
Además del acuerdo parcial sobre garantías electorales y democráticas, la oposición y Maduro firmaron un segundo acuerdo parcial para la defensa del territorio Esequibo. Mientras el Tribunal Supremo de Justicia y la fiscalía general actúan en contra de la primaria desconociendo el primer punto del acuerdo sobre garantías electorales, Maduro acusa a la oposición de irrespetar el segundo acuerdo parcial.
Desde la perspectiva de Maduro los integrantes de la Plataforma Unitaria” son incorregibles. Con ellos firmamos un acuerdo para traerlos al redil de la democracia, de la verdad, de la participación y el respeto a la Constitución y ahora empezaron una campaña contra el Esequibo (…) se trata de una campaña de la ultraderecha venezolana en contra del referéndum consultivo sobre el territorio Esequibo”.
La sentencia del TSJ
Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA por sus siglas en inglés), recordó que el acuerdo Parcial sobre Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales firmado en Barbados establece que las partes deben respetar el derecho de cada actor político a seleccionar su candidato. Judicialización de elecciones primarias de la oposición y sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que “suspende todos los efectos” de dicha elección representan un incumplimiento manifiesto al espíritu y letra del Acuerdo.
«Instamos a gobierno de Venezuela a que cumpla y observe lo acordado».
Por otra parte, Michael Penfold, profesor de economía política, sostiene que “judicializar el proceso de primarias e investigar a la comisión organizadora es terrible y significa volver a lo de siempre. Esto podría implosionar el acuerdo firmado en Barbados y nos regresaría a donde estábamos: la inercia y la tragedia. No es bueno para nadie”
Según Penfold “la viabilidad de Barbados va a depender de las gestiones que realicen la administración Biden y los representantes de Maduro. El régimen tiene un incentivo muy importante, porque con las licencias Venezuela volverá a exportar petróleo sin restricciones; y eso le representará al Estado unos ingresos que podrían rondar los 5.000 millones de dólares anuales. Es decir, esto está diseñado para que el beneficiario inicial sea el chavismo, que va a poder incrementar el gasto público para ser más competitivo electoralmente. Ahora, en un ambiente tan complejo, donde la sensación de malestar social es tan grande, el oficialismo va a tener que medir si efectivamente ese incremento en el gasto se va a traducir en popularidad. Eso lo van a testear en los próximos meses, y es por eso por lo que aceptaron que la elección fuera en el segundo semestre de 2024 y no en el primero. En conclusión, el acuerdo no está blindado porque, al final, depende de la calidad de la implementación y también está supeditado a los beneficios que las partes obtengan de él”.
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