El diputado Luis Stefanelli, vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la legítima Asamblea Nacional, tildó artes de adefesio la providencia administrativa 001 2021 que a su juicio no solo busca perseguir a las ONG, sino a partidos políticos, organizaciones civiles y fundaciones.
“A este régimen no le gusta ver ojo bonito en cara ajena, nada de lo que ellos no hagan lo permiten. Han inventado este adefesio que su rango de aplicación es para todo el mundo, no se salva ni el gato. Obligan a un registro, rendir cuentas, entre otras cosas”, comentó el parlamentario por Voluntad Popular en la sesión de la Comisión Delegada.
Para el legislador, la providencia es una extensión de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cuya principal víctima, explicó Stefanelli, es el ciudadano común.
“Cuando un delito era de menor pena, los fiscales ordenaban aplicar la ley de delincuencia organizada. Esto denota una crueldad del manejo de estas situaciones. Muchos venezolanos que no debieron estar en la cárcel, fueron a prisión al no poder pagar las altas tasas de peaje que les imponían”, dijo el diputado al detallar que los partidos también fueron víctimas de esta ley, especialmente Voluntad Popular a quien la dictadura intentó declarar como una organización terrorista.
“Ahora vienen con este adefesio (providencia 001 2021) que pretende regular a todos. Su fin primario es el control de las ONG, asociaciones civiles, fundaciones sin fines de lucro (…) La joya de la corona es el artículo 16 de esa providencia administrativa que es una norma penal en blanco y es muy grave para la libertad y democracia”, explicó.
Detalles
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia y profesor de la UCAB, precisó que la aprobación de la providencia afectaría la seguridad de las personas que denuncian violaciones de derechos humanos, pone en riesgo a las víctimas, se viola el derecho a la intimidad de las personas en materia de salud, se atenta contra la seguridad de los colaboradores de ONG, y además se pone en riesgo la recolección de información sensible para las organizaciones que quieran elaborar proyectos humanitarios.
El especialista destacó que la providencia demuestra el carácter surrealista del régimen, pues le solicitarían a las ONG documentos que el propio Estado niega, como registrar a las organizaciones sin fines de lucro. “Es fácil concluir no solo la inconstitucionalidad de la providencia, sino la inconsistencia de la misma con los tratados y convenios de derechos humanos firmados en el país”.
Daniels precisó finalmente que con la aplicación de la resolución 001 se pediría a las organizaciones identificar a sus integrantes y personas que acudan a realizar denuncias. “Dar identidades a terceros pone en riesgo a las personas. Eso haría a la providencia ilegal”, detalló
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