La Asamblea Nacional legítima debe aprobar los recursos necesarios para solucionar el problema de vivienda que enfrentan los habitantes de las urbanizaciones Mata Redonda y La Punta en el sur de Aragua, que sus casas se encuentran anegadas permanentemente bajo aguas negras, deuda que el régimen tiene con estas familias desde el 2006.
Así lo solicitaron los diputados de la Asamblea Nacional legítima, a la Comisión Delegada, en la reunión ordinaria que se celebró este martes vía zoom, durante el debate sobre el caso de las familias que habitan en el sur de Aragua, que se encuentran en permanente riesgo por el crecimiento y desbordamiento del Lago de Valencia.
Inició el debate el diputado por el estado Aragua, Freddy Castellanos, quien solicitó ayuda humanitaria, por la situación de emergencia a las 271 familias vulnerables afectadas en sus derechos fundamentales y en situación de riesgo en la ciudad de Maracay, específicamente el urbanismo de Mata Redonda y La Punta del Municipio Girardot.
“Situación de riesgo que fue contactada por la Comisión Delegada el pasado jueves 27 de mayo, donde en una Asamblea de Ciudadanos se hicieron todos los planteamientos de la situación de vulnerabilidad y peligro, en la cual viven estas familias cada vez que llueve en Maracay”.
Informó que se han hecho los trámites necesarios ante los organismos internacionales, específicamente ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la respuesta ha sido positiva por parte del presidente de esa institución Mauricio Clever Carone, de Jessica L. Bedoya, jefe de Gabinete y Asesora Ejecutiva, Oficina de la Presidencia del BID, Enrique Brán y Alejandro Plaz Castillo, comisionado Económico del gobierno interino.
“El BID espera la voluntad de aprobación por parte de esta Asamblea Nacional legítima y del presidente interino Juan Guaido, de los recursos necesarios para que sean asignados mediante cuentas virtuales a cada una de las familias afectadas y solucionar el problema de viviendas que enfrentan”.
Explicó que además el planteamiento que ha hecho el BID, contempla aportar recursos para que las viviendas que se encuentran afectadas sean demolidas y nadie pueda volver a vivir en esas zonas de alta peligrosidad.
“EL BID ha puesto su voluntad para solucionar el problema, nosotros como diputados pongámonos la mano en el corazón y aprobemos estos recursos que están congelados en el exterior producto del robo descarado del régimen, para la solución definitiva a estas 271 familias que viven en situación de riesgo”, destacó el parlamentario aragüeño.
Acudir a los organismos internacionales
La diputada, Liz Carolina Jaramillo, destacó que el pasado 27 de mayo la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, legítima y parlamentarios por el estado Aragua, constataron lo que ya la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del parlamento, alertó a través de un informe realizado por expertos en septiembre de 2020, sobre las afectaciones de las cuales centenares de familias de las urbanizaciones La Punta, Mata Redonda y sectores aledaños se vieron comprometidas.
“Sus enseres y viviendas anegadas de aguas negras, perdiendo todas sus pertenencias, además en medio de la pandemia por el COVID-19. En la asamblea de vecinos se ratificó la necesidad de que estas personas sean indemnizadas y asistidas, para que logren recuperar su calidad de vida”.
Recordó que en el año 2006 y posteriormente en el 2007, cuando aún había independencia institucional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos sentencias donde se ordenaba la indemnización a estas familias, porque habían sido víctimas de estafa ante la negligencia del Ministerio de Ambiente.
Solicitó la necesidad de ejercer presión política para que estas familias del sur de Maracay, logren la articulación de organismos internacionales de apoyo, a fin de lograr la reposición de sus viviendas, enseres y definitivamente salir de la zona de riesgo.
“Además de estar inundadas permanentemente las viviendas, las lluvias significan un terror, las paredes de sus casas emanan corrientes de aguas negras. Estas familias no están pidiendo limosnas, sino la restitución de un derecho que les corresponde. La justicia para hacerlo debe ser eficaz y oportuna. Pedimos justicia para los afectados del Lago de Tacariguas”, pidió la diputada Jaramillo.
Ayuda humanitaria
La diputada, por el estado Carabobo Deyalitza Aray manifestó que la situación que viven los habitantes del sur del Estado Aragua es una responsabilidad ineludible que hay que asumir con solidaridad, ante el riesgo permanente y la pérdida a la que han estado sometidos por el crecimiento y desbordamiento del Lago de Valencia.
Sostuvo que esta situación no ha sido controlada, que se ha repetido durante muchos años, pese a que ha sido alertada por los expertos y la Asamblea Nacional. Recordó que incluso en el año 2009 se destinaron unos recursos para solucionar definitivamente el problema, pero que lamentablemente la corrupción impidió resolver el problema del desbordamiento del Lago de Valencia, poniendo en peligro a las comunidades que habitan en sus alrededores.
“Más del 50 por ciento del sector Paraparal se encuentra sumergido por el desbordamiento del Lago de Valencia, estos sectores han ido sucumbiendo a la fuerza del agua, a la vista indiferente de quienes tienen la responsabilidad y tuvieron los recursos, hoy deberían responder para solucionar esta situación”.
Propuso que se incorpore en la agenda de las ayudas humanitarias, contempladas en el Acuerdo de Salvación Nacional, un proyecto no solo para rescatar el Lago de Valencia sino, buscar con carácter de urgencia una salida y honrar la deuda que la nación tiene con estas comunidades.
Es urgente atender las familias de Mata Redonda y La Punta
Por último, intervino la diputada por el estado Aragua, Karin Salanova, quien afirmó que las familias del sector Mata Redonda y La Punta, viven en condiciones precarias, a quienes se le han violado y vulnerado sus derechos fundamentales. Recordó que existe una sentencia del TSJ del año 2006, cuando se introdujo un amparo constitucional, el cual salió a favor de los habitantes del sector que habían comprado esas casas, pero nunca se cumplió.
“Esa sentencia se revisó en el año 2012, para verificar si la misma se había ejecutado y en esa revisión se ordena la demolición del urbanismo y sustituir una casa por otra casa digna. Pero eso no se ha cumplido, son años de desidia, abandono, mientras la situación de desastre aumenta en la época de lluvias, poniendo en peligro la vida de esta comunidad”, precisó la diputada Salanova.
Solicitó ayuda a todos los organismos internacionales a estas familias que hoy urge que sean atendidas, porque las condiciones ambientales a las cuales están sometidas son de alto riesgo, por lo que no pueden seguir esperando, concluyó la diputada aragüeña.
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