En una plaza de Caracas, el diputado Franklyn Duarte y su familia vieron que dos hombres se tomaron de la mano y se besaron. El parlamentario, indignado, se fue de allí con sus hijos menores, pensando que si esto ocurre ahora, al aprobarse una ley que favorezca a la comunidad LGBTI+ en Venezuela, «andarán desnudos».
EFE
Así se vive la homofobia en el país, donde las peticiones de normas que condenen la homosexualidad, equiparándola con el libertinaje o asegurando que contraviene religiones, han sido parte de la resaca de la fiesta del Orgullo LGBTI, dejando claro que esta comunidad debe lidiar, aún, con mensajes de odio, emanados de altas esferas públicas, que dificultan sus luchas.
El propio Duarte, diputado opositor del actual Parlamento, que explicó a Efe la escena que vivió, ha protagonizado varios de estos mensajes al pedir, a través de redes sociales, que se apliquen leyes que criminalicen la homosexualidad.
Se suman aseveraciones como la del dirigente opositor y exgobernador de Lara, Henri Falcón, quien en una entrevista reciente a un programa local comparó la drogadicción con la homosexualidad, o la del dirigente opositor Luis Florido, quien tildó de «moda» el hecho de que haya personas personas que se identifiquen como no binarias.
Especialistas y activistas coinciden en que se trata de posturas personales que no expiran en el tiempo y que contravienen la libertad de expresión, pues son discursos que promueven «el odio», la «discriminación» y «afianzan ideas en el imaginario colectivo», explicó a Efe Yendri Velásquez, defensor de los derechos humanos.
«Los discursos de odio son una forma de violencia contra las personas LGBTIQ, pero más grave aún es que esta forma de violencia motiva, promueve y válida otros tipos de violencias aún más graves, como pueden ser la violencia física, agresiones verbales y (…) asesinatos basados en prejuicios», apuntó el activista.
DISCURSOS «ANTIDERECHOS»
La lucha de los activistas LGBTI+ no solo es por obtener derechos que el resto de la ciudadanía da por sentado, sino por romper con los estigmas que aún se sostienen en la sociedad.
Al respecto, Velásquez aseguró que los discursos «antiderechos» expuestos por líderes políticos de cualquier tendencia son una demostración de la «no voluntad» para aprobar y ejercer políticas públicas que garanticen la inclusión de las minorías.
«Hoy no se avanza en el país en materia de reconocimiento de derechos LGBTIQ porque quienes ejercen el poder, quienes hoy asumen las instituciones del Estado, son profundamente homofóbicos, transfóbicos y tienen discursos discriminatorios hacia las personas LGBTIQ», sostuvo.
Mientras tanto, en los medios locales siguen visibilizándose posturas como las del diputado Duarte, para quien la homosexualidad es «libertinaje» y, basándose en esto, dice que no apoya esta orientación sexual, aunque sea cuestionado por los activistas.
«Se les respetan sus derechos humanos porque son seres humanos (…) como yo y como cualquier ser humano, se le respeta, hasta ahí. Nunca, si en mis manos está, voy a permitir yo ese libertinaje, esos espectáculos que se hacen públicos, que cuando los niños ven, dicen…¿qué es eso?», expuso.
RELIGIÓN VS DIVERSIDAD
La socióloga y especialista en el área de género Anaís López recordó a Efe, parada sobre una ciclovía con los colores de la bandera LGBTI+, que Venezuela es un Estado laico, lo que significa que es independiente de cualquier postura religiosa. Una persona que pasó en un vehículo y escuchó parte de la entrevista gritó que mancharía el arcoíris con pintura negra.
«Las leyes y el derecho deberían proteger precisamente eso: la diversidad de creencias que tiene una determinada comunidad. Ahora, tratándose de funcionarios públicos es más grave todavía, porque estas personas, además, son las que toman decisiones sobre las leyes que se hacen, los procedimientos que se regulan (…) hay una violación masiva de derechos», explicó.
La especialista apuntó que, pese a que ahora son más visibles las luchas de la Venezuela LGBTI+, es posible que esos mensajes que contravienen sus banderas propicien la proliferación de actos de odio que ponen en riesgo a la población.
«Las leyes y el ejercicio del poder demuestran claramente que no hay ningún compromiso con legislar y garantizar derechos a favor de las mujeres y a favor de la comunidad LGBTI. En 20 años no hay un solo balance positivo al que hacer referencia en materia de conquista de derechos reales», apuntó la especialista.
Su apreciación concuerda con la Venezuela actual, donde el matrimonio con una persona del mismo sexo, la adopción para familias homoparentales, el cambio de identidad para personas trans y otros temas siguen sin ser discutidos en espacios políticos.
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