A principios de 2000 el entonces presidente Hugo Chávez decidió organizar grupos de choque para amedrentar a los opositores y, en casos extremos, defender a la «revolución. Fue así como nacieron los Círculos Bolivarianos, cuya acción durante los sucesos de abril de 2002 fue determinante en el desarrollo político de la nación.
La figura de los colectivos ya existía antes de la llegada al poder del chavismo, pero su presencia en las zonas populares cercanas al Palacio de Miraflores creció, al igual que su poderío bélico. La periodista Sebastiana Barráez explica como este fenómeno se convirtió en un boomerang para el régimen que ahora debe lidiar con bandas fuertemente armadas.
Infobae | Sebastiana Barráez
Las armas se distribuyeron, como caramelos en fiesta infantil, en cientos de barriadas de Caracas y el interior del país, sin control alguno. Mientras la población civil era desarmada, a través de decretos y normas cada vez más rígidos, los círculos bolivarianos fueron sustituidos por bandas armadas que ahora se han convertido en reyezuelos de los lugares donde se despliegan e incluso van conquistando cada vez más territorio.
Cuando el Comando Supremo Revolucionario Bolivariano quiso justificar la existencia de los círculos bolivarianos, presentó un manual en el cual resaltaba que “constituyen el sistema de organización básica del pueblo de Bolívar para activar y dirigir la participación de los individuos y comunidades en el proceso revolucionario con la finalidad de construir la sociedad y la nación libre, independiente v próspera que soñó el Padre de la Patria”.
Armas perdidas
Hoy en día, aquellos líderes chavistas que pregonaban orgullosamente controlar a los grupos armados, ni siquiera saben dónde ni en manos de quién están esas armas, que son miles.
A eso debe sumarse el armamento que está perdido, extraviado o ha sido robado de las instalaciones militares. Para el 2019 ese número era de 228 mil armas y municiones, según una denuncia que hizo ante el Ministerio Público el coordinador general de Fundaredes, profesor Javier Tarazona.
Según el documento, que presentó ante la Fiscalía, esas 228.294 armas y municiones han desaparecido de los parques de armas y polvorines de la Fuerza Armada y los cuerpos policiales de Venezuela. “Muchas de esas armas han servido para la comercialización o entrega a grupos irregulares, bandas criminales, hampa común, entre otras organizaciones ilícitas”, dijo Tarazona.
En un sitio por demás significativo, el parque Ezequiel Zamora, en El Calvario, a unos pasos del palacio de Miraflores, Nicolás Maduro presentó, en febrero del 2014, lo que llamó 10 líneas estratégicas del Plan de pacificación Nacional, en el que destacó la desmovilización y el desarme de los grupos armados. “Tenemos un mapa donde están identificadas 600 bandas criminales, con las cuales se ha conversado. Tengo la Ley Habilitante en la mano y con ella se puede, así que vamos a incorporarlos al trabajo”, aseguró el mandatario.
En esa época Maduro pregonaba que la solución de todo estaba en la Ley Habilitante y, en el marco de ella, aseguró que los centros penitenciarios serían convertidos “en espacios de educación y disciplina para elevar la moral y la calidad de vida de las personas que están ahí”.
El silencio
Una de las estrategias para mantener el control en Venezuela, además de las armas, es el cierre o el bloqueo de los medios de comunicación, en una estrategia progresiva y sostenida del régimen venezolano. Son cientos los programas de radio y televisión, así como periódicos, emisoras, canales de televisión o portales de noticias que han sido censurados, atacados o eliminados. Es un viejo plan.
A mediados del año 2009, el entonces director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello Rondón, le anunció al país el cierre de 34 emisoras de radio, diciendo que podrían ser 200, por no cumplir los requisitos legales para operar, entre ellas varias de Caracas y el resto del interior del país. Una de las emisoras víctimas de la decisión fue la Cadena Nacional Belfort (CNB), en Caracas y Valencia, que retransmitía el programa Aló Ciudadano, del entonces canal independiente de televisión Globovisión.
Figuraba como ministra de Comunicación, Blanca Eekhout, cuando se habló de la ley sobre delitos mediáticos, porque a su juicio había que regular el “enorme poder de los medios de comunicación”. La entonces Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó que dicha ley contemplaba prisión hasta de cuatro años, considerando que los medios de comunicación “son una de las fuentes más importantes de acumulación de capital”.
El año 2021 arrancó con la arremetida contra varios de comunicación como VPITV, Efecto Cocuyo, Caraota Digital, Fe y Alegría que tiene el despliegue de su red de emisora en todo el país, además de ataques contra Tal Cual.
Lo más reciente para silenciar a opositores, a periodistas y a medios de comunicación, es la norma aprobada por la Asamblea Constituyente, llamada “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, que ha sido usada para castigar delitos de opinión, incluso en redes sociales.
Los medios de comunicación y las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos, algunas de destacada trayectoria como Provea, se han convertido en objetivo para silenciar lo que sucede en Venezuela.
El hecho más reciente es la actuación de FAES en el sector La Vega de Caracas, lo que ha sido excusa para tratar de silenciar a quienes se pronuncian contra el exterminio de ese grupo policial.
Política de exterminio
“No se conocía en la historia del país ni antes ni en el transcurso de los gobiernos de Chávez y Maduro, un operativo de “seguridad ciudadana” con tan alto número de víctimas”, dice el abogado Marino Alvarado, de la ONG defensora de derechos humanos Provea, refiriéndose a las 23 personas asesinadas en el operativo que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) hizo en La Vega, sector de Caracas.
En el recuento que él hace destaca que FAES superó algunos de los sangrientos hechos ejecutados por la desaparecida OLP (Operativos de Liberación del Pueblo), cuyas mayores cantidades de víctimas fueron: 15 asesinatos el 13 de julio 2015 en la Cota 905; 14 en la masacre de Valle Coche el 10 de mayo de 2016; 13 víctimas en la masacre de Carabobo en octubre 2015 y 12 desapariciones forzadas en la Masacre de Barlovento en octubre 2016.
Alvarado la define como “una política de exterminio” y determina que “la Policía Nacional Bolivariana a través de su cuerpo élite FAES y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, son los organismos de seguridad responsables de la mayor cantidad de violaciones al derecho a la vida”.
Con información de Infobae
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