Aunque nunca tuvo un sueldo muy alto como personal obrero del Ministerio de Educación Superior, Humberto, quien omitió su apellido, pudo sacar adelante a sus 8 hijos. A todos les dio estudio y todos se convirtieron en profesionales egresados de universidades públicas del país. Son su orgullo, dice, con una mirada que refleja tristeza por no tenerlos a su lado. Debido a la crisis que comenzó hace años en el país, actualmente se encuentran regados por el mundo buscando una mejor calidad de vida. A sus 74 años de edad, añora los tiempos en los que podía «vivir bien» únicamente con su salario, pues en la actualidad hay días en los que no tiene cómo costear sus alimentos.
El sentimiento de frustración que le provoca ver su despensa vacía fue lo que le motivó a presentarse el jueves 12 de enero a las puertas de la Universidad Central de Venezuela, donde otros trabajadores universitarios se concentraron en una nueva acción de calle para exigir mejoras salariales y beneficios contemplados en la ley.
Desde que comenzó el año, el gremio educativo reactivó sus jornadas de protesta, pero esta vez con nuevos objetivos. Mientras que en 2022 las exigencias se concentraron en el pago del bono vacacional completo y la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), este 2023 las solicitudes giran en torno a un aumento de salario anclado a la tasa del dólar, seguridad social, y prestaciones sociales justas.
«Lo único que queremos es vivir con dignidad», manifestó Humberto, quien tras 35 años de servicio solo quería disfrutar de una vejez tranquila, rodeado de sus nietos y con cierta estabilidad. Un sueño que, siente, le han robado.
Actualmente Humberto vive solo y afirma, en tono de broma, que en los últimos años se ha convertido en un experto administrando sus finanzas. «Hay que hacer malabares para rendir el sueldo, y aún así, es insuficiente. Tuvimos un pequeño respiro el año pasado, pero luego de que el dólar subió en diciembre, es imposible comprar comida o medicinas. Mis hijos me ayudan, gracias a Dios, pero ellos tienen sus propios problemas y no siempre pueden enviarme dinero. La vida en el exterior tampoco es fácil», comenta con pesar.
Así como Humberto, son muchos los trabajadores públicos, jubilados y pensionados que sobreviven gracias a la ayuda económica de sus familiares. Quienes no, forman parte de las estadísticas de pobreza severa, que de acuerdo con la encuesta Encovi 2022 de la Universidad Católica Andrés Bello, se ubicó el año pasado en 53,3%.
«Es triste. Uno siente que es una carga para sus hijos. Ellos me dicen que no me preocupe, que siempre que puedan me van a tender la mano, pero es incómodo tener que pedirles dinero. Es lamentable que después de tantos años trabajando, no podamos disfrutar de nuestros últimos años de vida con dignidad. Este gobierno nos ha robado la vejez. Tampoco es justo que nos orillen a salir de nuestro país. Yo no me quiero ir, yo quiero que mis hijos regresen, yo quiero conocer a mis nietos. Pero que regresen a un país donde puedan vivir bien. Por eso estoy aquí, reclamando y exigiendo los derechos que se nos han violado desde hace años», señala, con evidente molestia, mientras pide a todos los venezolanos que se sumen a la lucha que llevan a cabo diversos gremios en el país.
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