El anuncio de la muerte por covid-19 del cacique brasileño Paulinho Paiakan, un emblemático defensor de la Amazonía, puso cara a la tragedia que asola a muchos de los 420 pueblos originarios que viven en la cuenca amazónica.
Su fallecimiento en un hospital de Redencao (norte) es uno más de los cerca de 300 que enlutan a 100 comunidades, según la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), quintuplicando las muertes de 2019.
Es una pérdida crucial para la vigilancia de la selva, un año después de los incendios que arrasaron enormes extensiones de este pulmón planetario.
La APIB acusa al gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro de no haber “hecho nada” para contener el avance del virus en las aldeas, donde viven 750.000 nativos y que registran al menos 5.360 contagios.
“Si hubiese adoptado las medidas preventivas desde el inicio, habríamos evitado este número de muertes”, afirma su coordinadora, Sonia Guajajara, en un podcast de la ONG Instituto Socio Ambiental (ISA).
El fotógrafo Sebastiao Salgado tildó la falta de acciones de “genocidio”, y el nonagenario líder kaiapó Raoni Metuktire la atribuyó a la intención deliberada de Bolsonaro de “aprovechar” la pandemia para avanzar con proyectos de explotación que pueden marcar la extinción de comunidades enteras.
“Tendencia preocupante”
Las cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hablan de al menos 20.000 indígenas infectados en la cuenca del río Amazonas, que atraviesa Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam.
“Estos grupos viven tanto en aldeas aisladas con acceso mínimo a servicios sanitarios como en ciudades densamente pobladas como Manaos (en Brasil), Iquitos (en Perú) o Leticia (en Colombia)”, detalló su directora, Clarissa Etienne.
En la frontera Brasil-Venezuela se asientan los yanomamis, cuyas tierras sufren la ocupación de unos 20.000 mineros ilegales o “garimpeiros”, según Survival International.
Pese a las campañas para evitar que los indígenas se trasladen hacia los centros urbanos, en algunos casos quienes los exponen al virus son invasores como los garimpeiros, o quienes trabajan en explotaciones madereras o agropecuarias.
Un estudio realizado por la Universidad Federal de Minas Gerais y el ISA estimó que, si no se toman medidas, 40% de los yanomamis que viven cerca de esas áreas invadidas (cerca de 14.000) podría enfermar.
En el estado brasileño de Acre, fronterizo con Perú, donde se asientan 15.000 indígenas huni kui en 104 aldeas, también penetró el virus, que se cobró al menos cinco vidas.
Los datos de la OPS muestran “una tendencia preocupante hacia una alta transmisión en las zonas fronterizas” que a menudo albergan poblaciones vulnerables, como indígenas, migrantes y jornaleros, y carecen de buenas infraestructuras médicas, resumió Etienne.
La pérdida de los sabios
Con una diadema de plumas, collares de colmillos sobre su torso desnudo y un tapabocas quirúrgico, Remberto Cahuamari, líder de la comunidad ticuna en El Progreso, en el departamento colombiano de Amazonas, teme que la pérdida de sus “abuelos” por la covid-19 les arrebate la sabiduría ancestral para transmitir a las generaciones de relevo.
“Si ellos llegan a terminarse”, dice a la AFP, “quedaríamos con nuestros jóvenes que para el futuro no conocerían nada de nuestras culturas, de nuestros usos y costumbres. Eso es a lo que tenemos miedo”.
Un hombre con el rostro oculto bajo una mascarilla y careta plástica y con un palo vigila estoico el ingreso a esta aldea, a la que solo se puede llegar en curiara por el Tucushira, uno de los más de mil afluentes del Amazonas.
Ubicada en la punta sur de Colombia, esta región trifronteriza, despoblada y pobre, ostenta una tasa de 320 casos de covid-19 por cada 10.000 habitantes, la peor del país, y de 954 muertes por millón frente a las 33 por millón del conjunto del territorio colombiano.
Y los expertos alertan de subregistro por falta de pruebas diagnósticas.
Casi dos tercios de sus pobladores son nativos, que están en “riesgo de extinción”, denunció la Organización Nacional Indígena de Colombia, que reporta 33 de pueblos afectados.
La extensa zona no tiene conexión vial con el resto del país y cuenta con un único hospital público sin cuidados intensivos.
Debido a la desatención del Estado, la desnutrición y la pobreza, “al llegar el covid-19 nuestras defensas están bajas”, dice a la AFP Armando Wooriyu, secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos.
Para afrontar la pandemia, algunas comunidades se han desplazado a zonas alejadas, otras cerraron los accesos y se concentraron en la medicina tradicional, cuenta.
La presencia de militares, paramilitares y guerrilleros empeora la situación. Los nativos “no pueden pescar porque los ríos están vedados; no pueden cazar porque hay presencia de militares y los territorios están minados; y hay explotación ilícita de oro y madera”, lamenta.
Otra enfermedad más
En Loreto, en plena selva peruana, hay cerca de 1.500 indígenas achuar, awajun, cocama, shipibo y ticunas infectados y al menos 14 han muerto, según las autoridades, pese al toque de queda impuesto en la región, incluso más amplio en horas que el que rige en Lima.
La pandemia no ha dado tregua a Perú, donde los contagios suman 255.000. El letal virus afecta a poblaciones aisladas ya golpeadas a causa del dengue, la gripe, la rubeola y la viruela.
La navegación fluvial es en ocasiones el único medio de transporte y “la distancia de una comunidad a una posta médica puede tardar entre 6 a 8 horas e incluso hasta tres días o más”, dice la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente, mientras el 60% de las aldeas carece de centros de salud o estos no cuentan con equipos ni medicamentos.
Ecuador registró 523 casos y 25 muertos en comunidades kichwa, waorani, seikopai, suar, achuar, shiwiar y andwa, de acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
La etnia yuqui, contactada hace solo unas décadas en una región tropical del centro de Bolivia, también está “en grave riesgo” de desaparecer, una vez que 16 de sus 300 integrantes, muchos afectados por la tuberculosis, contrajeron el virus, denunció la CIDH.
“Pandemia de abandono”
La catástrofe indígena vinculada al coronavirus también tiene que ver con la pobreza.
En el barrio Gran Toba de Resistencia, capital de la provincia, viven unos 5.000 qom que sobreviven de las ayudas sociales, impedidos de vender sus artesanías por la cuarentena estricta que rige en el país.
Las patologías de base asociadas a la malnutrición no ayudan, y en menos de un mes se han reportado 16 decesos entre ellos.
“Son barrios vulnerables, donde se vive en situación de hacinamiento y sin acceso a servicios básicos como agua potable, lo que hace que el virus circule más rápido”, explicó el ministro argentino de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Estas condiciones se repiten en muchos asentamientos indígenas de ciudades y suburbios en Latinoamérica.
Los toques de queda o las restricciones de movimiento interno han dejado a muchas comunidades originarias sin poder comerciar el producto de su trabajo agrícola o artesanal.
En Guatemala, un país con la mitad de habitantes originarios, los planes asistenciales de los gobiernos “no han tenido impacto en lugares donde vive la mayor cantidad de población indígena”, sostiene un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) publicado a principios de junio.
Como consecuencia, banderas blancas ondean en muchas viviendas de estas comunidades rurales, un método adoptado para pedir auxilio ante la falta de recursos.
Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala, dice a la AFP que “hay niveles muy altos de discriminación” hacia los indígenas en las acciones del gobierno para atender la crisis.
“Ya existía una pandemia de abandono” de los pueblos originarios, lamenta el dirigente maya.
AFP
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