Una oportunidad de negocio con el régimen chavista pone a un empresario bajo la lupa internacional aunque en Chile, país desde donde opera, no es objeto de una investigación penal.
A medados del año pasado, en Chile se levantó un alerta. Se descubrió que el mayor proveedor del programa Alimentos para Chile tenía una cercana relación con Venezuela.
Entre septiembre de 2017 a octubre de 2019, una sociedad del empresario argentino Alberto Scuncio había exportado casi 57 millones de dólares a Venezuela.
Ese vínculo obligó a la entidad bancaria Security a emprender una dura arremetida judicial. Las acciones iban ajustadas a su programa de cumplimiento a la ley. También iban de la mano “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo».
Alberto Scuncio, radicado en Chile desde hace más de una década, vio una oportunidad en la entrega de cajas de alimentos a las familias de ese país en medio de la pandemia.
Una de sus sociedades, la Distribuidora Llacolén, se convirtió en la mayor proveedora para la primera entrega de cajas de alimentos, con la venta de 250 mil unidades a la Intendencia Metropolitana. El valor de esa negociación fue de 8.750 millones de pesos chilenos.
Entonces se conoció que Scunio exportaba insumos que terminan siendo parte de las infames cajas CLAP de Maduro. El programa de control social por hambre del chavismo. Se pensó que podría ser objeto de una investigación por lavado de activos.
En una entrevista con el diario La Tercera, contó que su familia tiene una embotelladora, inversiones, negocios inmobiliarios pero «todo a una escala menor».
Millonarios negocios con Venezuela
Su participación en programas gubernamentales de asistencia alimentaria fue simplemente una decisión de negocios, se defiende.
«Mediante una cotización de un valor que era bueno al gobierno y que podía entregar en tiempo y forma. Cuestión que ocurrió de tal modo. Tenemos un equipo muy bueno, que nos permite cumplir en plazos muy ajustados y con muy buenos precios», dijo.
Su vínculo con el programa CLAP fue medianamente casual, se defiende. Quería importar bencina para aviones desde Venezuela y crear una ruta para volar de Santiago, La Paz, Caracas.
Fue allí cuando vio el «el notable ingreso de mercaderías bajo la modalidad de cajas CLAP, millones por mes».
CLAP, urea y desprestigio
De inmediato movió sus contactos y consiguió el primer contrato de 1 millón de cajas en el año 2017 y en 2018, 2 millones de cajas. Este último acuerdo no lo pudo cumplir debido a las restricciones de operar con Venezuela.
Sin embargo, logró llevar 250 mil toneladas de urea, de Venezuela a Chile. Esa sustancia derivada del petróleo se usa como fertilizante y tiene alta demanda en el país sureño.
Cuando se hicieron públicas las supuestas investigaciones en torno a sus empresas dice que «el descrédito personal, familiar y comercial» fue muy grande. «Conocí de primera mano el rechazo más absoluto de clientes y las pérdidas han sido grandes», agrega.
«En relación a los bancos, solo puedo decir que mis abogados están iniciando acciones en contra de aquellos que, actuar precipitadamente, toman decisiones muy injustas que provocaron grandes pérdidas a mis empresas, inversiones, pero sobre todo en el plano moral».
Con información de La Tercera.
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