La crisis venezolana se ha convertido en un motivo más de disputa doméstica en España. Lejos de respaldar las gestiones diplomáticas del Gobierno para sacar a Edmundo González Urrutia de Venezuela, el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, las ha criticado con dureza.
“[Pedro] Sánchez y los oficios corruptos de ZP [el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero] deberían ser parcos en autoalabanzas: sacar a Edmundo [González Urrutia] sin reconocerlo presidente legítimo no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura. Lo mismo haría Cuba si se le pide. Siempre se queda María Corina [Machado, la líder opositora]”, ha escrito en la red social X.
En la misma línea se ha pronunciado la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo: “El Gobierno se cuelga medallas por traer a España al hombre equivocado. No es al presidente electo de Venezuela al que debieron poner un puente de plata, sino al usurpador criminal”. El eurodiputado de Vox Hermann Terstch ha llevado el argumento hasta la hipérbole. A través de las redes sociales, ha acusado al régimen de Nicolás Maduro y al Gobierno de Sánchez de actuar de forma coordinada para impedir el reconocimiento de González Urrutia como presidente legítimo y descabezar a la oposición venezolana.
En su cuenta de X, el PSOE ha acusado al PP de estar “siempre a la contra” y ha recordado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidió recientemente que se diera asilo político a González Urrutia.
La polémica llegará el martes al Congreso donde se debatirá una proposición no de ley del PP en la que pide que se reconozca al líder opositor como presidente electo de Venezuela, se condene la represión del régimen de Maduro y se repruebe al expresidente Zapatero, que ha actuado como mediador en la salida del país de González Urrutia y en la liberación de numerosos presos políticos en el pasado, por haber guardado silencio ante el fraude electoral.
El Gobierno español, al igual que los restantes países de la UE, no ha reconocido la victoria de Maduro con el argumento de que no se han hecho públicas las actas de las mesas electorales, pero tampoco la del candidato opositor, por considerar que sería un brindis al sol, como se demostró en 2019 cuando la comunidad internacional reconoció a Juan Guaidó como “presidente encargado” sin que ello tuviera efectos prácticos.
Por su parte, Sumar, socio en el Ejecutivo, ha subrayado este domingo que “rechaza que se persiga a la oposición y reitera que todos los esfuerzos han de ir encaminados a lograr una salida política y acordada a la crisis, a partir de un reconocimiento de Gobierno y oposición”. Fuentes de la formación izquierdista inciden en que “es importante señalar que la concesión de asilo a González Urrutia no supone reconocimiento de ningún resultado electoral no observado internacionalmente”, informa Paula Chouza.
González Urrutia sigue la ruta de casi 400.000 venezolanos que han buscado refugio en España, una cuarta parte con estatuto de protección internacional. Entre ellos, numerosos dirigentes antichavistas, como Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular condenado a 13 años de cárcel, que en octubre de 2020 llegó a Madrid, donde ya se encontraba su familia, tras pasar casi 19 meses refugiado en la residencia del embajador español en Venezuela. O el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien en noviembre de 2017 se exilió en España tras haber sufrido dos años de cárcel y arresto domiciliario acusado de conspiración. La huida de ambos se produjo burlando la vigilancia del régimen de Maduro, en contra de lo sucedido ahora. A su llegada a España, Ledezma fue recibido por el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La bestia negra
Aunque Zapatero se ha convertido en bestia negra de los populares, que le acusan de complicidad con el régimen de Maduro, el expresidente socialista inicio su labor mediadora bajo mandato de Rajoy y en contacto con los sucesivos ministros de Exteriores del PP. El Gobierno no revela qué papel ha tenido en este caso, pero sí subraya que intercedió por un centenar de presos políticos, a muchos de los cuales consiguió sacar de prisión, como al propio Leopoldo López.
Por su parte, el alto representante para la Política Exterior de la UE, el español Josep Borrell, ha manifestado que este domingo es un “día triste para la democracia” venezolana. El jefe de la diplomacia europea ha lamentado, en una declaración, que González Urrutia haya “tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ha ofrecido España”, y ha recordado que, “de acuerdo con las copias de las actas [electorales] públicamente disponibles [que incluyen más del 80% de las mesas], sería el candidato presidencial ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría amplia”. “En una democracia, ningún líder político debe verse forzado a buscar asilo en otro país” ha concluido Borrell.
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